Castedo mantendrá el PGOU pese a sus irregularidades

Ni las sospechas que se ciernen sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un asunto que se investiga en el juzgado como ramificación del caso Brugal y que de momento tiene siete imputados, ni el contundente informe de Fomento sobre el PGOU, preceptivo y vinculante, que no admite la implantación de Ikea en el Plan Rabassa y obliga a modificar hasta una docena de planes parciales lindantes con carreteras nacionales, han conseguido allanar al Gobierno de la ciudad, que ayer rechazó una propuesta del Grupo Socialista para retrotraerlo hasta la fase anterior a la exposición pública y volverlo a redactar a través de la creación de una comisión municipal específica.

El PP también evitó que un edil diera explicaciones de las obras del Plan E

Todo lo contrario. El PP se opuso y su portavoz municipal y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, adelantó: "Vamos a impulsarlo y continuar con el proceso por interés general". El documento ha sido informado por las diferentes Administraciones implicadas y está a expensas de su aprobación definitiva por la Consejería de Urbanismo, que lo devolverá al Consistorio para que le subsane las deficiencias que son de obligada observación.

Para Romeu, "recibir informes desfavorables es normal y habitual y ahora lo que toca es contestarlos" antes de que vuelva a ser expuesto al público por tercera vez.

El proponente de la comisión, el concejal socialista Pablo Rosser, la justificó en que "o se modifica y rectifica o [el PGOU] no se podrá aprobar". Además, "esperar la resolución judicial

es dejar años sin plan general a la ciudad". Por eso pide "revisarlo de oficio" y que la consecuencia sea la aprobación final de "un documento limpio y transparente, de todos y para todos". Rosser también apeló a que la investigación judicial abierta "crea inseguridad jurídica en los particulares", puesto que "no saben qué va a ocurrir" con el plan en el futuro.

Esquerra Unida quiere empezar desde cero, porque han pasado más de 12 años desde que se inició la tramitación del plan y lo considera "un documento fallido y muerto". Además, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, solicita la paralización del procedimiento en marcha porque "hay sospechas de beneficiarios particulares y lo lógico sería suspender la tramitación hasta que finalice la investigación".

Romeu contestó que "el PGOU no va a dejarse llevar por intereses políticos y partidistas". Y recordó que ya "ha tenido dos exposiciones públicas", tiempo suficiente para "conocerlo y realizar alegaciones, planteamientos y enmiendas". La conclusión de la portavoz popular fue que el documento ha sido "fruto de un proceso transparente y abierto al público".

El PP también rechazó otra petición del PSPV para que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, compareciera a explicar las supuestas irregularidades que está investigando el juzgado en relación con las adjudicaciones del segundo Plan E del Gobierno. Este caso motivó la detención y posterior puesta en libertad de dos empresarios y un funcionario del Consistorio alicantino, aunque el asunto continúa bajo secreto de sumario.

El concejal socialista Gabriel Moreno acusó a Llorens de ser el responsable, aunque sea por omisión, porque "todos los expedientes llevan su firma". Pero el gobernante del PP se defendió con el argumento de que el proceso es político, dado que tiene su origen en una denuncia de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal a la Fiscalía Anticorrupción.

Llorens añadió que la documentación solicitada por el juez se remitió "inmediatamente" y que fue revisada por la concejalía "sin que se encontraran irregularidades". Pavón asertó que "no es normal que la policía nacional detenga a un funcionario y dos responsables de empresas con los que podría haber llegado a acuerdos prohibidos" y anunció la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la materia.