75º aniversario

Hace dos días, el 18 de julio, se cumplieron 75 años del alzamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República Española que provocó una terrible guerra civil y abrió las puertas a una brutal y ominosa dictadura en nuestro país de casi cuarenta años de duración. Por supuesto, Galicia sufrió, como el resto de los pueblos de España, las consecuencias de aquellos dramáticos sucesos. Transcurridos 15 lustros desde aquel infausto acontecimiento todavía quedan heridas abiertas en nuestra sociedad que es preciso cerrar con justicia para culminar definitivamente la reconciliación de los españoles.

Conscientes de esta situación, hace cinco años, en 2006, el Consejo de Europa por unanimidad y posteriormente el Parlamento Europeo aprobaron sendas resoluciones en las que condenaban taxativamente la dictadura franquista e instaban a las instituciones a rendir homenaje a los combatientes por la democracia en España. Dos eran los objetivos perseguidos expresamente con sus declaraciones por ambas instituciones europeas. El primero, fomentar el conocimiento de la historia que, además de jugar un importante papel en la formación cívica y moral de las nuevas generaciones, es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Por experiencia sabemos que el ser humano suele olvidar; por eso las injusticias se repiten. Por otra parte, la historia no ha sido nunca una cuestión menor o carente de interés. Muy al contrario, no solo conforma activa y poderosamente el presente, sino también el futuro. El segundo objetivo consiste en homenajear a las víctimas, que son siempre las grandes olvidadas. En España y en todas partes. Me refiero, claro está, a las víctimas de la historia, esas que Hegel -y con él la mentalidad dominante en Occidente- denominaban florecillas pisoteadas al borde del camino, es decir florecillas que era inevitable pisotear para que la historia siguiera su camino triunfal.

Recordar y homenajear a las víctimas es un imperativo democrático de primer orden

Por eso, mientras no se salde definitivamente la deuda contraída con las víctimas no se puede hablar de justicia. Es preciso reparar el daño material y moral que se les ha causado. Se puede y se debe restituir el buen nombre de todas ellas y afirmar que mientras tal cosa no se haga, la injusticia seguirá vigente. Y es precisamente la injusticia del sufrimiento evitable la que nos convoca de forma ineludible. Por esa razón, recordar y homenajear a las víctimas, como recomiendan las instituciones europeas, es un imperativo democrático de primer orden.

Por todo ello, resulta incomprensible que el Partido Popular, en abierta contradicción con las derechas democráticas europeas que han condenado sin reservas los regímenes fascistas y autoritarios que han gobernado sus países en el pasado, no sea capaz, 75 años después, de condenar el régimen de Franco y reconocer a sus víctimas. Incluso sectores extremistas ligados a ese partido -la llamada Academia de la Historia incluida- editan y difunden profusamente libelos en los cuales se presenta a la dictadura como un simple régimen autoritario-paternalista y se imputa a los republicanos -especialmente a la izquierda- la responsabilidad de la terrible tragedia que asoló a España a finales de los años 30 del pasado siglo. Por eso no es suficiente afirmar, como hace oficialmente el PP, que no se siente heredero del franquismo y que su historia comienza en 1978, con la Constitución que garantiza la libertad de todos los ciudadanos del país. Es imprescindible que asuman que ese proclamado patriotismo constitucional es incompatible con aquel otro "patriotismo", el de la vieja tradición del nacional catolicismo excluyente y liberticida. Y eso es precisamente lo que el PP no deja claro con su reiterada negativa a condenar el franquismo. Mientras siga prisionero de sectores políticos y mediáticos de la extrema derecha, no debe extrañarse de que amplios sectores de la sociedad española lo perciba como el heredero nostálgico de un régimen detestable.

En cualquier caso, en nuestro país existe una responsabilidad histórica que afecta a los herederos del pasado. Los hijos y los nietos de los vencedores, así como los de los vencidos, son herederos de un pasado común, aunque unos hayan heredado las fortunas y otros los infortunios. Como esas diferencias son el producto de un pasado común, es por lo que las actuales generaciones tienen una responsabilidad adquirida a la que inevitablemente deben hacer frente. Solo así se podrá hablar de sólida democracia, de justicia y de plena reconciliación.