El PSOE exige al Gobierno que busque solución para el naval
Con "matices", el grupo socialista se comprometió ayer a buscar una solución alternativa a la suspensión del tax lease, un sistema de alquiler fiscal que está siendo investigado por la Unión Europea y que ha puesto en jaque a los astilleros privados de la ría de Vigo, que ven peligrar las contrataciones que necesitan para salvar una crisis que ha colocado a factorías y auxiliares al borde del cierre.
Por unanimidad, el pleno del Congreso exigió ayer al Gobierno que apure la resolución de un conflicto fiscal que podría estancarse año y medio en los despachos de Bruselas y que ponga en marcha "las medidas necesarias" para amortiguar la caída del sector mientras se dirime el expediente. El tax lease figura en el orden del día de la reunión que la Ejecutiva del PSdeG mantendrá hoy.
El alcalde vigués, Abel Caballero se adelantó al silencio de su partido confirmando su presencia en la manifestación del naval que mañana recorrerá las calles de la ciudad olívica.
Los ecos amargos del sector naval por el bloqueo del tax lease, una tasa que la Unión Europea etiquetó como posible ayuda de Estado irregular, volvieron ayer a la Cámara Baja a través de una moción del PNV que instaba al Gobierno central a articular las "medidas de carácter general necesarias" para evitar el "apagón comercial" del naval.
Los socialistas sumaron sus votos al resto de los grupos del Congreso y la propuesta salió adelante con el voto favorable de 335 de los 336 diputados presentes. Sin embargo, no precisaron cuales serán las medidas transitorias alternativas al tax lease que la vicepresidenta económica Elena Salgado ya había descartado en el pleno del pasado miércoles, y se centraron en defender la legitimidad de unos incentivos fiscales que la UE catalogó como posibles ayudas públicas incompatibles con la normativa comunitaria.
Puntos en común
Tres gallegos, Ceferino Díaz (PSOE), Arsenio Fernández de Mesa (PP) y Francisco Jorquera (BNG), se encargaron de cruzar los argumentos de sus formaciones con más puntos en común que diferencias. Los tres coincidieron en su encendida defensa del sector como pilar de la economía gallega y clamaron contra el bloqueo de un mecanismo de amortización fiscal que permite abaratar las contrataciones de buques civiles hasta un 30%, con un sistema muy similar al que aplican otros países europeos como Francia y Holanda, de donde partió la denuncia.
"El Gobierno tiene el máximo interés en resolverlo", aseveró Díaz. Admitió que la suspensión de la tasa genera "inquietud" y achacó el expediente a un fallo del anterior Gobierno popular, que no comunicó a Bruselas la puesta en marcha de la versión española del tax lease en 2002.
Jorquera fue el más contundente al advertir que la prohibición europea colocaría "al borde de la desaparición a un sector estratégico" para Galicia con un volumen de negocio que ronda los mil millones. Subrayó que el bloqueo afecta "singularmente" a la comunidad que construye "el 50%" de los buques civiles que se contratan en España y cifró en 35.000 los empleos directos e indirectos que peligran, la mayoría en la ría de Vigo. De Mesa advirtió del "serio riesgo de cierre" de los astilleros y denunció que otros países continúan aplicando su tax lease.
