La juez Alaya ordena a la Guardia Civil que investigue a los sindicatos

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga irregularidades en ERE financiados con dinero público, emitió el pasado día 15 un auto por el que ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar "la intervención de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva objeto de instrucción, así como los beneficios que en su caso pudieran haber obtenido éstos y el resto de los agentes intervinientes citados en los referidos procesos".

La juez, que reclama a la Guardia civil que complete la información con "los informes económicos y patrimoniales correspondientes", le ordena también la investigación de las relaciones entre las compañías Vitalia Vida, Fortia y Apra Leven, "la descapitalización de Fortia a través de la Cía Apra Leven", y "la relación de la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo con las mencionadas aseguradoras".

Alaya pide a la Guardia Civil que se investigue el conocimiento de las aseguradoras de "las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta de Andalucía", y como la Administración "contrata con Fortia y Apra Leven sin comprobar la ausencia de solvencia económica y sin cumplir con el principio de concurrencia".

Igualmente pide la investigación en el mismo sentido de Uniter y sus empresas asociadas, de la aseguradora Banco Vitalicio, y que se analice e investigue las actuaciones de los despachos de abogados Estudio Jurídico Villasis y Garrigues en relación a los ERE investigados.

De otro lado, la juez ordena a la Guardia Civil la investigación de la operación de cesión de un local al PSOE por parte del imputado José Antonio García Prieto, militante socialista, y de la "concesión de préstamos personales para la financiación de campañas electorales".

La juez abre además otra línea de investigación, al requerir como demandaba en un escrito el PP, los Expedientes de Regulación de Empleo de la compañía Mac-Puar, dedicada a la fabricación de ascensores y escaleras mecánicas.

Finalmente, la magistrada reclama a la Junta que certifique el acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007 que aprobó una modificación presupuestaria de 11,4 millones del fondo de los ERE, pero que no fue publicada en el BOJA.