Si no pagas, no corres

Los miles de conductores que utilizan el eje principal de la Costa del Sol, la A-7, que en estas fechas se multiplican exponencialmente, se han encontrado de buenas a primeras al inicio del verano con que en la mayoría de los tramos entre Estepona y Mijas no podrán circular a más de 80 kilómetros de velocidad, 20 menos que hasta ahora. El Ministerio de Fomento, titular del principal eje viario de la franja costera aduce razones de seguridad para adoptar esta medida tan sorprendente en su ejecución, sin aviso previo, como en su fondo, pues se supone que la autovía está diseñada para admitir velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, como ha sido siempre hasta ahora.

El pasado día 5, la A-7 amaneció con nuevas señales de limitación de velocidad, que queda fijada en 80 kilómetros de máxima entre los puntos kilométricos 158,5 y 175,300, entre Estepona y Marbella; y 183,300 y 207,500, entre Marbella y Mijas. En estos 41 kilómetros en total existe como alternativa a la autovía la autopista de peaje AP-7, con dos puntos de pago en Calahonda y San Pedro Alcántara, que en temporada alta cuestan 6,30 euros y 4,25 euros, respectivamente.

La Asociación de Automovilistas Europeos cuestiona la medida

El Gobierno niega que persiga un aumento del uso de la vía de peaje

Un portavoz del ministerio de Fomento ha negado que la medida de reducción de los límites de velocidad en la vía de libre acceso tenga como objetivo procurar una mayor utilización de la carretera de peaje, ni que la concesionaria, Cintra, haya realizado ninguna petición en tal sentido. "La decisión sólo responde a razones de seguridad, y la prueba es que hay otras autopistas en España con problemas económicos mayores que los de la Costa del Sol y sin embargo no se ha tomado ninguna medida de este tipo", ha argumentado.

Según Fomento, la decisión se inscribe en un "proyecto de mejora de la movilidad y la fluidez" en lo que fue la antigua N-340 y que justamente se acomete ahora porque se intensifica el tráfico. La argumentación técnica es que se pretende dar más seguridad a los puntos de incorporación y salida de la autovía, donde suelen generarse las principales tensiones en cuanto a accidentes y retenciones, y habilitar zonas de aceleración y desaceleración pero que en esta parte de la carretera no caben porque no hay espacio al estar muy constreñida entra las urbanizaciones. La alternativa sería el cierre de estos puntos de incorporación, pero "muchos de ellos son el único acceso a las urbanizaciones que se quedarían aisladas", explica el mismo portavoz, para justificar que la decisión final haya sido reducir la velocidad máxima, aunque al mismo tiempo admite que estos tramos "no son especialmente de los que más índice de accidentes presentan".

La Asociación de Automovilistas Europeos no sólo cuestiona las consideraciones técnicas de la medida y su efectividad para la circulación, sino que aún más duda de su legalidad, ya que la Ley de Tráfico de 2009 obliga a comunicar este tipo de medidas a las autoridades de tráfico con un mes de antelación, algo que curiosamente no se ha hecho en este caso.

La Dirección General de Tráfico no ha tenido oportunidad de emitir pronunciamiento alguno sobre la reducción de la velocidad en la A-7. Preguntada por la cuestión, la delegada provincial de Málaga, Trinidad Hernández, se limitó a informar de que "es una medida adoptada por el Ministerio de Fomento por motivos de seguridad". Algunas críticas con la medida han atribuido a esta motivos recaudatorios por parte de la DGT porque sería previsible un incremento de multas.

También se quejan de la falta de comunicación previa los alcaldes de la zona, que para la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, constituye una "falta de lealtad institucional". "La medida es un despropósito, una irresponsabilidad y una vez más es fruto de la improvisación", lamenta Muñoz.

Los Ayuntamientos de la zona se han situado en cabeza de la riada de protestas por la limitación de velocidad en la A-7, en la que incluso ven en una medida de agravio y castigo político. Ángeles Muñoz por ejemplo se pregunta qué ha hecho su ciudad "para que el PSOE y el Ministerio de Fomento la machaquen una y otra vez cuando lo único que hace es pagar muchos impuestos, aportar recursos y ser conocida internacionalmente". La regidora del PP denuncia que hace un año se paralizara el plan para mejorar la A-7 que anunciaron "a bombo y platillo los dirigentes socialistas" con una inversión de 50 millones de euros y "ahora la solución sea reducir la velocidad si previo aviso para multar a todos los que pasen por Marbella".