Una norma regula los malos olores de las industrias

Los malos olores que soportan los vecinos de San Juan del Puerto (Huelva) por las emisiones de una fábrica de celulosa; o los del Campo de Gibraltar (Cádiz) por las de las refinerías; o los de San José de la Rinconada (Sevilla) por las de una azucarera; o los de La Algaba (Sevilla) por las de una industria cárnica tienen desde ayer un texto legal para luchar por la "impresión que los efluvios producen en el olfato" que es como define olor la Real Academia Española.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto sobre calidad del aire, cuya principal novedad es la regulación de las actividades que producen olores. El texto legal autoriza a la Consejería de Medio Ambiente "para requerir a los titulares de actividades potencialmente contaminantes, tanto con carácter previo como con posterioridad a su inicio, la realización de estudios sobre el impacto en el entorno y la adopción en su caso de las medidas correctoras adecuadas", según informó la Oficina del Portavoz. Estas exigencias afectarán sobre todo a instalaciones ganaderas, plantas de gestión de residuos e industrias químicas.

Hasta ahora no existía ninguna percha legal para combatir la contaminación por olores, un tipo de alteración de la atmósfera difícil de cuantificar.

Obligación de informar

El decreto actualiza un reglamento de 1996, por el que a partir de ahora las entidades públicas y privadas están obligadas a consignar en el registro de evaluación del aire las fuentes de las emisiones, según informó el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo.

Otra novedad de la norma es que tanto la Administración autonómica como los Ayuntamientos de los municipios de más de 100.000 habitantes (las ocho capitales, Marbella, Dos Hermanas, Algeciras y Jerez) están obligados a difundir a los ciudadanos "datos relevantes" cuando se superen los valores de referencia y los umbrales de alerta en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera.

Las administraciones deberán informar, entre otros aspectos, de la población afectada, los grupos de riesgo y los posibles efectos para la salud.

El decreto clarifica por primera vez en España las competencias que deben ejercer la Junta, centrada sobre todo en la industria, y los ayuntamientos, especialmente en los sistemas de transportes.