Campanario evita la cárcel al ser condenada a menos de dos años

El tribunal lo tiene claro. Carlos Carretero ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita mediante la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral. Captaba personas y les pedía dinero en una trama que requirió de la ayuda del inspector médico Francisco Casto y de otros profesionales de la provincia de Cádiz. Entre sus clientes, estuvo Remedios Torres, madre de María José Campanario, a quien se le gestionó una baja laboral por minusvalía, a pesar de no reunir los años cotizados necesarios.

Son los hechos probados según la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Cádiz por la operación Karlos, que ha impuesto a Campanario y su madre una condena de un año y 11 meses de prisión, con lo que no tendrán que ir a prisión, al ser una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes. La condena más alta, nueve años y medio, ha recaído en el inspector médico Casto. Los abogados de los condenados anunciaron ayer que recurrirán.

"Nadie paga por lo que no cuesta", dice el tribunal sobre la esposa de Jesulín

Carretero "compraba voluntades, manipulaba personas y situaciones, conseguía lealtades", detalla la sentencia, que recuerda que su anterior cargo de jefe de la policía local de Ubrique, le permitió "ir de sobrado" con algunos de sus clientes.

La sentencia avala las escuchas telefónicas que fueron objeto de polémica durante la instrucción y al inicio del juicio, al ser recurridas por las defensas.

La Audiencia estima que la amistad de los dos principales condenados permitió que "anidara en ambos" la trama. "El listo que trincando billetes era el hombre más feliz del mundo (Carretero) descubrió la vía de negocio e hizo partícipe a su socio principal (Casto)", al que, según el tribunal, recompensó con favores personales, entre los que destaca las frecuentes invitaciones a comer. "La amistad entre sus esposas fue crucial pero no nos equivocamos si estimamos que el aspecto culinario también lo fue".

La sentencia dedica varias páginas a demostrar también la culpabilidad de Campanario y Torres, a las que acusa de ser perfectamente conocedoras de que la pensión que se tramitaba para la suegra del torero Jesulín de Ubrique era ilegal. "Nadie paga por lo que no cuesta", argumenta el tribunal. Los ponentes, a pesar de la declaración de inocencia de ambas, sí considera que ellas sabían que Carretero tramitaba una incapacidad para Torres que no le correspondía y que para eso le dio de alta en una empresa en la que nunca trabajó, como corroboró en el juicio una de las médicos que la atendió. En cambio, considera que no se ha demostrado que ambas conocieran que Torres fue suplantada para superar una de las necesarias revisiones médicas.

Finalmente la Audiencia Provincial acepta los pactos alcanzados por la mayoría de acusados. El tribunal defiende estos acuerdos a pesar de las críticas que de ellos hicieron los letrados de Campanario y Casto.