La Cámara de Cuentas insta a las capitales a crear registros de contratantes

Conocer con concreción todos los organismos que integran el sector público local de Andalucía (ayuntamientos, empresas y entidades dependientes de ellos con capacidad de contratación) es una misión prácticamente imposible porque los propios Consistorios, en sus distintos portales o fuentes informativas, difunden información desfasada cuando no contradictoria, según constata un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los ocho municipios capitales de provincia.

El ente fiscalizador ha conminado por ello a los alcaldes a que cumplan con las obligaciones que les impone la legislación autonómica de crear el Registro Andaluz de Entidades Locales "como instrumento oficial y público de la constancia de la existencia de las entidades locales radicadas dentro de la comunidad autónoma y de los datos más relevantes de la conformación física y jurídica de aquellas".

También se les ha emplazado a que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que determina que todos los alcaldes deben remitir al Ministerio de Economía y Hacienda información sobre la constitución, modificación o disolución de las entidades, organismos e instituciones que la participe, para configurar la Base de Datos General de las Entidades Locales.

Todo ello en aras a la transparencia y a las garantías con las empresas y particulares que se relacionen con la administración. La Ley de Contratos del Sector Público impone que todos aquellos que celebren los entes locales deben regirse por unas instrucciones específicas aprobadas por ellos mismos y que deben estar además publicadas en el perfil del contratante.

De la consulta a distintas fuentes, la Cámara ha llegado a la conclusión de que existen al menos 87 entidades contratantes en los ocho ayuntamientos capitalinos. 34 de ellas no tienen aprobadas sus instrucciones de contratación; y en dos casos (Almería XXI y Cementerios y Servicios Funerarios de Granada) utilizan pliegos con cláusulas administrativas particulares que no pueden ser considerados tales.

Y de las 53 entidades que si tienen aprobadas sus instrucciones de contratación, siete no las hacen pública en el perfil del contratante.