Abono del despido por el Fogasa

La reforma laboral dispuso que el Fogasa se haría cargo de una parte de las indemnizaciones devengadas como consecuencia de la extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en cuantía equivalente a ocho días de salario por año de servicio, sin aplicación de los límites que prevé el Estatuto de los Trabajadores para otras prestaciones del Fogasa.

El abono procedería solo para las extinciones de aquellos contratos indefinidos (ordinarios o de fomento del empleo) celebrados a partir del 18 de junio de 2010 y que hubieran tenido una duración superior a un año. Esto significa que los primeros pagos se están empezando a tramitar ahora. De ahí que el Fogasa haya publicado recientemente unas instrucciones aclarando el procedimiento y gestión de esta nueva prestación. En principio, es indiferente que el despido sea procedente o improcedente, aunque ya hay voces que abogan por restringir la medida únicamente a los despidos procedentes, a lo que, en principio, parece que el Gobierno "no está cerrado", al considerar "que se trataba de una medida enfocada a ayudar a las empresas en sus ajustes y la mayoría ya se han producido", y ayudaría además a "reforzar" la causalidad del despido.

Es una buena idea para buscar trabajo, y si le va bien, no la abandonará

En cualquier caso, estábamos ante una medida establecida con un carácter transitorio, aplicable solo mientras se ponía en funcionamiento el modelo del fondo de capitalización individual de las indemnizaciones por despido, el conocido como modelo austriaco. Este fondo está constituido por una cantidad de dinero que se acumula a lo largo de la vida laboral del trabajador y que se hace efectivo en los supuestos de despido, reduciendo el importe que debe abonar la empresa.

El fondo debía estar operativo el 1 de enero de 2012, pero su puesta en marcha ha sido aplazada por un año. El motivo: la falta de recursos. El Gobierno se comprometió en su momento a no subir las cotizaciones sociales para financiarlo, lo que suponía que su coste recaería sobre los presupuestos públicos. Pero las arcas del Estado están bajo mínimos. No hay dinero para el fondo.

En su lugar, se ha decidido prorrogar el periodo por el que el Fogasa debe pagar una parte de la indemnización por despido un año más. Esto supone que será el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones quien deba replantearse la constitución del fondo, lo que arroja importantes interrogantes sobre su efectiva puesta en marcha.