Frágil modelo

La dimisión de Alberto Oliart al frente de RTVE ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo de radiotelevisión pública estrenado hace apenas cinco años. La reforma impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue aplaudida por el sector audiovisual, los profesionales y la clase política, porque sentaba las bases de un servicio público desgubernamentalizado. Cambió, por ejemplo, el sistema de elección de su presidente, que pasó de ser designado por el Ejecutivo a ser seleccionado por una mayoría de dos tercios en el Congreso, lo que obliga a elegir una persona consensuada por los dos grandes partidos: PP y PSOE. El nuevo estatuto impuso, además, un mandato de seis años, lo que por fuerza desvincula su nombramiento de los cambios de legislatura y, con el mismo espíritu, organiza la permanencia en turnos diferentes de los miembros del Consejo de Administración.

La estrategia sectaria y partidista que impera en la política española -la misma que impide renovar el Tribunal Constitucional- ha echado por la borda esos logros. Sustituir al primer presidente de consenso, Luis Fernández, cuando el cambio de ciclo político no se vislumbraba aún en el horizonte, facilitó un segundo acuerdo entre Rajoy y Zapatero para designar a Oliart. Ahora, las dificultades para nombrar un sustituto, en virtud de la vieja y viciada concepción de una radiotelevisión pública al servicio del poder, parecen insuperables, lo que no viene a ser más que otra muestra de las resistencias -sobre todo por parte del PP, pero no solo- a impulsar el modelo profesionalizado que se pretendía. Así lo demuestra la incapacidad para renovar a la mitad de los miembros del Consejo (hace año y medio que expiró su mandato), la composición de dicho Consejo (dominado por la política y el sindicalismo y más parecido a un miniparlamento que a un órgano de dirección) y las reiteradas denuncias del PP de sectarismo hacia la televisión pública más plural y rigurosa que España ha tenido en las dos últimas décadas.

A la fragilidad de un modelo boicoteado por los mismos políticos que lo pactaron se une una difícil situación financiera. Eliminados los anuncios, los ingresos debieran provenir de las tasas de televisiones privadas y operadores de telecomunicaciones, un sistema cuyo fracaso ha elevado la factura para el contribuyente: el año pasado registró un déficit de 47 millones y para este año se espera un nivel similar.