La fiscalía de Huelva detecta falta de colaboración de la justicia portuguesa
Varios juicios se suspenden porque las autoridades lusas no trasladan a imputados
La Fiscalía de Huelva ha decidido hablar en extenso de sus problemas de colaboración judicial con las autoridades portuguesas. El fiscal Miguel Ángel Arias Senso, encargado de asuntos de cooperación jurídica internacional en la provincia onubense, asegura en un informe que en 2010 se han tenido que suspender varios juicios porque los juzgados lusos no autorizaron el traslado temporal de imputados portugueses. Estos problemas de cooperación se mencionan en la memoria de la Fiscalía del TSJA, presentada el pasado 20 de junio en el Parlamento de Andalucía.
El ministerio público también señala que las autoridades lusas deniegan las peticiones para que condenados de esta nacionalidad cumplan las penas que les han sido impuestas en España. Además, en el Partido Judicial de Ayamonte, población fronteriza con Portugal, se han tenido que elaborar varios informes sobre la competencia de los tribunales españoles frente a los portugueses.
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Esta falta de cooperación, que Arias atribuye a la "insuficiencia" y "oscuridad" de normativas específicas, no es nueva. El fiscal ya alertó situaciones similares en 2008. Sin embargo, habla de un "crecimiento exponencial" en 2010, ya que los procedimientos con imputados o testigos residentes en Portugal no hacen más que aumentar.
"Los problemas de orden práctico que se plantean son de todo tipo, hasta el punto de suponer una seria dificultad para la celebración de juicios orales, pese a las posibilidades de comunicación directa con los particulares afectados que prevé la normativa aplicable y especialmente, la normativa comunitaria", detalla el fiscal en su memoria.
Las mayores dificultades están relacionadas con las personas que cumplen condena o están en prisión preventiva en Portugal y que deben ser trasladados a España para asistir a un juicio. "Pese al alto grado de colaboración de las autoridades portuguesas, algunos asuntos quedan sin enjuiciar, al no autorizarse el traslado temporal de los imputados", puntualiza.
Para atajar estos problemas, el fiscal pide que se potencien "en la práctica" los mecanismos de colaboración bilateral y que se fomenten los "contactos personales" entre las autoridades judiciales de ambos países. También cree necesario que los secretarios judiciales se impliquen en todos los asuntos de cooperación judicial internacional, tal y como estableció el Ministerio de Justicia en una instrucción de 2009.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, explica que estas dificultades administrativas son "recurrentes" en Huelva, dada la situación fronteriza de la provincia y no cree que se circunscriban a una cuestión delictiva específica. Entre los casos citados por el fiscal de coordinación hay al menos dos causas por tráfico de drogas.
Pese a la contundencia del informe sobre cooperación con Portugal, el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, matiza que las relaciones con las autoridades lusas "suelen ser fluidas y adecuadas" y que estas dificultades afectan a "muy pocos casos". "La emisión de informes para determinar competencias territoriales, por ejemplo, es una práctica normal y frecuente, incluso en juzgados nacionales", añade.
Información "ultrasensible" en riesgo
Una decena de fiscales, uno por provincia, excepto Málaga y Granada que tienen dos representantes asignados, conforman la red de cooperación jurídica internacional de Andalucía. Las peculiaridades delictivas de la Costa del Sol, una de las provincias con mayor asentamiento de redes criminales internacionales, hacen que la actividad de sus delegados destaque nítidamente con respecto a la de otras provincias. En 2010, la fiscalía cursó 96 comisiones rogatorias -peticiones oficiales de cooperación a países extranjeros- en las que, en un 30% de los casos se buscaba indagar sobre el patrimonio de grupos del crimen organizado. Uno de los fiscales que asumen esta tarea en Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, considera "gravísimo" que este tipo de escritos, considerados "ultrasensibles", sean traducidos por servicios privados. Al no existir un servicio oficial de intérpretes, estas peticiones "quedan expuestas a filtraciones y pérdidas sin el rigor de la responsabilidad aneja a un funcionario público", incide Jiménez Villarejo en la memoria de la Fiscalía del año 2010.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, matiza que se trabaja con empresas a las que se exige un alto grado de confidencialidad, pero que, aún así sería deseable que el fiscal pudiera elegir un funcionario, que supiera inglés y francés, para que le ayude en estas tareas tan específicas. La fiscalía andaluza ha reclamado en numerosas ocasiones más medios para los fiscales centrados en investigar el crimen organizado.
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