Traballo cierra un geriátrico por falta de personal

La Consellería de Traballo, Asuntos Sociais e Benestar se vio obligada ayer a iniciar el traslado urgente a una residencia de Poio de los 24 residentes del geriátrico Santo Ángel de O Grove, al quedar bajo mínimos su plantilla de trabajadores tras recibir el martes la carta de suspensión de empleo y sueldo por parte la empresa. La intervención de emergencia de la Xunta para garantizar la atención de los ancianos, dos de ellos privados y el resto subvencionados por la Administración, se produce tras siete meses de problemas laborales por las 13 trabajadoras del centro en reclamación de sus salarios, que desembocó en una demanda judicial.

El realojo de los residentes comenzó el miércoles de forma paulatina con los ocho primeros y continuó ayer con otros tantos para completarse hoy, una vez que los servicios sociales recibieron autorización para proceder al traslado. El cierre será inevitable a partir de hoy, cuando la consellería tiene previsto disolver el concierto asistencial con el centro, que fue prorrogado solo otros seis meses el pasado marzo, después de recibir tres inspecciones, la última el pasado martes. Ahora la empresa tiene 15 días para presentar alegaciones.

Benestar traslada a los 24 ancianos desde O Grove a otras residencias

Aunque todo apunta a la falta de liquidez como desencadenante de la clausura, las trabajadoras no se explican cómo se llegó a esta situación. "Siendo un centro concertado que recibía subvenciones de la Xunta no comprendemos qué hicieron con el dinero", dijo ayer la delegada de personal y auxiliar de geriatría Sara Abeijón.

La versión de las trabajadoras sobre la última prórroga de la Xunta difiere de la de la propia consellería. Según la delegada de personal, el último contrato se revisó hasta finales de 2012, por una subvención de 650.000 euros que se abona por mensualidades. Fuentes de Benestar desmintieron esta cantidad y afirmaron que las cantidades se evalúan en función del número de residentes, 22 en la actualidad, y de su situación asistencial.

Los problemas surgieron a finales de 2009, cuando la empresa comenzó a retrasarse con las nóminas, y coinciden con el cambio de titularidad del centro, que pasó de ser propiedad del empresario Antonio Fernández Padín a ser administrado por una sociedad limitada. Cuando las trabajadoras reclamaron los atrasos, la empresa culpó a la Xunta, un extremo que negó la consellería a las trabajadoras.

En diciembre de 2010, los delegados sindicales pusieron la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo. "En aquel momento esperábamos una mediación de la consellería pero nos dijeron que no éramos personal de la Xunta y que era la empresa la que nos tenía que dar una explicación", explicó la delegada de personal.

Se interpuso entonces la demanda de 13 trabajadoras a las que se les adeudaba 10 mensualidades. Sin embargo, y en el último momento, dos de ellas retiraron la denuncia ante la sorpresa de sus compañeras. La vista se celebró el pasado 22 de junio y está a la espera de sentencia.

El último incidente laboral que abocará al cierre forzoso se produjo el pasado martes, ante la sorpresa de las trabajadoras. La empresa les entregó entonces la carta de despido a nueve de ellas, quedando la residencia sin personal cualificado y desatendidos los 24 residentes.

"Ya no pudimos hacer nada porque entrar en la residencia podía suponer un riesgo para nosotras, expuestas a que la empresa pudiese presentarnos cualquier tipo de denuncia", señaló Abeijón. "Pero nunca abandonamos nuestro puesto de trabajo porque algunas llevábamos casi 20 años en este centro y moralmente no podíamos dejar solos a estos ancianos", añadió. Desde febrero, la empresa tuvo tres inspecciones de la Xunta, la última el pasado lunes. En febrero se detectaron anomalías, como algunos medicamentos y botes de cacao caducados. Las trabajadoras restaron importancia al acta que levantó la inspección.