El PP propone una honda reforma y un "parche" para lograr un IBI más justo

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es un pilar de la economía municipal pero también una formidable arma política, pues cualquier incremento supone un golpe directo al buzón de los ciudadanos con membrete del Ayuntamiento. Es responsable de uno de cada cuatro euros que ingresan las arcas municipales. Pero no distingue entre pobres y ricos, más allá de la suposición de que estos tendrán casas más valiosas y por tanto deberán pagar más, lo que a veces es mucho suponer.

La revisión del valor catastral ha reforzado esta carta de naturaleza. Pese a que el impuesto no ha subido, el recibo sí lo va a hacer. Por eso, el Partido Socialista pidió ayer en el pleno municipal que se paralice el proceso (que actualiza cada 10 años el precio que el Estado atribuye a una vivienda, sobre el que luego reclama los impuestos correspondientes). UPyD, por su parte, solicitó que el tipo impositivo se rebaje para absorber el alza aparejada a la revisión catastral (un 74% de media en 10 años).

Ambas soluciones tenían el mismo propósito e idéntica consecuencia: aliviar el bolsillo del ciudadano a costa de la recaudación. Ambas fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

El Gobierno municipal no teme la abultada deuda que arrastra, sino el vertiginoso descenso de ingresos que conlleva la crisis. Una de sus consecuencias es, en efecto, la dificultad para devolver el dinero prestado, pero también, como se encarga de repetir el PP y ayer secundó Izquierda Unida, el riesgo de que no haya dinero para los servicios municipales. Por eso, cualquier medida que merme la recaudación le resulta inaceptable. Lo que sí está dispuesto a hacer es dotar de mayor justicia social al impuesto. Y, de paso, mojar la pólvora de la oposición, arrebatándole de una vez y para siempre esa arma política.

Para ello, ayer puso sobre la mesa una reforma a largo plazo y "un parche" para ir tirando.

El delegado de Hacienda, Juan Bravo, propuso eliminar el IBI tal y como está ahora concebido. Se seguiría cobrando, claro, pero integrado en el IRPF. La recaudación en principio sería la misma, pero el recibo final dependería de los ingresos, es decir, aquellos que ganan menos también pagarían menos. Este modelo consiste en imputar una renta teórica a cada inmueble (la decidiría el municipio, dentro de una horquilla como ahora decide el tipo impositivo, también dentro de unos límites), y luego gravarla al tipo medio del IRPF del contribuyente.

Un ejemplo: su vivienda vale en el mercado unos 220.000 euros. Su valor catastral sería así de unos 100.000 euros. La horquilla propuesta oscila entre el 1,1% y el 2% del valor catastral. Así, esa renta teórica oscilaría entre los 1.100 y los 2.000 euros. A esta cantidad se le aplicaría el tipo medio del IRPF, que en el conjunto del país es del 20% (en Madrid, del 21,7%). Calculado sobre ese 20%, la cuota oscilaría entre los 220 y los 400 euros. En la actualidad, esa vivienda paga 353 euros de IBI. Para mantener la recaudación, el porcentaje debería rondar el 1,75%.

Con el cambio de sistema, el Ayuntamiento se ahorraría el coste económico de gestionar este tributo, y el coste político de cobrárselo cada año a los ciudadanos.

Pero hasta que llegue esa reforma (si llega), propone un parche: trasladar al IBI las exenciones vigentes en la tasa de basura a las rentas más bajas. Eso permitiría a unas 20.000 familias beneficiarse de rebajas del 25% al 50% del recibo. La recaudación, que en 2011 asciende a 1.064 millones, mermaría en solo dos millones.

En la actualidad, están exentos de abonar esa tasa las familias con uno o dos miembros empadronados en una vivienda que ganan menos de 783 euros mensuales; las de tres o cuatro miembros y menos de 896 euros; y las de más de cuatro miembros y menos de 1.160 euros. El sistema se aplicaría de forma automática a partir de 2012, aunque cualquiera que no la tenga ya podría solicitar la exención en la tasa de basuras si cumple los requisitos y se le trasladaría también al IBI.