Lerma apoya las prospecciones petrolíferas y se desmarca del PSPV

"Si se encuentra petróleo, lo pasaremos mejor", dijo el expresidente de la Generalitat Joan Lerma. La diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà le había preguntado su opinión sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno en la costa valenciana y el senador le respondió: "No soy contrario, tendremos más posibilidades de invertir en ahorro energético, en nuevas tecnologías y en un mejor nivel de vida para la gente". Lerma fue el primero de los candidatos a senadores territoriales que intervino en el examen que prevé la nueva ley de designación, elaborada la legislatura pasada al calor del intento de boicot del PP a la socialista Leire Pajín como representante autonómica en el Senado, y precisó que su postura es compatible "con la defensa del medio ambiente".

Compromís recurre la forma de elegir a los senadores territoriales

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que asistió a su comparecencia, se desmarcó después, en declaraciones a los periodistas, de la postura de Lerma al señalar que, aunque "altamente cualificadas y profundamente respetadas", esas declaraciones no coinciden con la postura del PSPV-PSOE ni de sus representantes en Ayuntamientos como los de Valencia y Gandia, contrarios a las prospecciones porque "no se planteaban ni en el momento ni en la forma adecuada". Tanto el portavoz popular, Rafael Blasco, que calificó de "importante" la contradicción, viniendo de un expresidente; como Mònica Oltra, de Compromís, que dijo que "Lerma es un antiguo" porque el petróleo es "una especie en extinción", como Lluís Torró, de Esquerra Unida, que consideró que los "perjuicios [de las prospecciones] son muy superiores a los beneficios", criticaron al senador socialista.

El paso de los cinco candidatos a senadores territoriales y sus correspondientes suplentes por la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones deparó apenas algún otro destello de polémica, entre referencias a la crisis económica, la deficiente financiación autonómica y los intereses genéricos de los valencianos. Así, el propio Lerma se mostró partidario de suprimir las Diputaciones. El también socialista José María Ángel apostó por reducirlas, mientras que el popular Julio de España eludía aclarar su actitud ante el copago sanitario, y el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, también del PP, tenía un encontronazo con Mireia Mollà, que le negó "cualquier mérito" para ser senador tras su gestión en la Generalitat. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, denunció que ninguno de los candidatos a senadores sea una mujer.Mientras comparecían en la comisión los candidatos a senadores, que serán elegidos mañana en un pleno, Compromís anunció la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra su sistema de designación. Según Mònica Oltra, ese sistema contradice el artículo 23 de la Constitución ya que "se presume el voto de los diputados con antelación" al asignarlos previamente. Oltra sostiene también que en lugar de cinco, tres para el PP y dos para los socialistas, a la Comunidad Valenciana le corresponderían seis senadores de representación territorial debido a que supera los cinco millones de habitantes.

La portavoz adjunta de Compromís explicó el recurso tras la celebración de la Junta de Portavoces, a la que asistió la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, dado que Rafael Blasco, al dejar de ser consejero, ha dejado también de representar a la vez al Consell y al Grupo Popular. Los síndics acordaron convocar un pleno la segunda quincena de julio para la renovación de representantes en organismos como el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Consejo de Administración de Ràdio Televisió Valenciana y un miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El portavoz socialista sorprendió incluso a diputados de su propio grupo al confirmar a la prensa que su candidato al Consell Jurídic Consultiu será el exdiputado y exsecretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla, sobre todo después de que pidiera la dimisión de Alarte tras la derrota electoral.

Por su parte, los populares rechazaron que los nuevos consejeros comparezcan en las Cortes a lo largo del mes de julio, como habían solicitado los socialistas, con el apoyo de los otros grupos de la oposición. "El Consell trabaja desde el primer día", justificó Blasco, que recordó que hasta ahora siempre se ha esperado a septiembre a que los miembros de un Gobierno acabado de surgir de unas elecciones comparezcan en las Cortes. La oposición, sin embargo, considera que las circunstancias son excepcionales. La crisis económica y los niveles de paro, dijo Alarte, "requieren de un Gobierno que gobierne y no aplace nada". Tanto Marga Sanz, de Esquerra Unida, como Mònica Oltra, de Compromís, se pronunciaron en términos parecidos.

Dentro de su prioridad de hacer frente al paro e impulsar políticas de creación de empleo, especialmente entre los jóvenes, el portavoz socialista propuso crear una comisión parlamentaria sobre el rendimiento escolar y la empleabilidad de los jóvenes. La idea de establecer una estrategia, tras consultar con expertos, para afrontar "uno de los principales problemas" que tiene la sociedad valenciana, fue acogida favorablemente por el resto de portavoces, aunque la constitución de la comisión debe ser aprobada por el pleno de las Cortes.

Más llamativa fue otra propuesta del líder socialista, la de impulsar el proceso para la aprobación de la reforma del Estatut d'Autonomia por parte de las Cortes Generales. Alarte lamentó que, pese a la urgencia con que se inició la reforma en las Cortes Valencianas la legislatura pasada, el Consell "no haya colocado en su agenda de prioridades el asunto" y se ofreció a formar parte de los parlamentarios -de uno a tres- que la defiendan ante el pleno del Congreso de los Diputados. La reforma del Estatut de 2006 se produjo de urgencia hace unos meses a iniciativa del presidente del Consell, Francisco Camps, para introducir una cláusula de blindaje de inversiones, es decir, una disposición adicional que vincula la cifra de inversiones del Estado durante unos años a la población de la Comunidad Valenciana. Los populares habían rechazado introducirla en 2006 porque la consideraban inconstitucional.

Blasco calificó la propuesta de "muy acertada" y consideró que "es el momento de dar un impulso a algo que está pendiente". De todas maneras, sobre el pleno en el que se debata la reforma, puntualizó: "Estamos esperando que el Congreso nos diga cuándo se puede celebrar".