Cadáveres sin respuesta

Isabel lleva dos pancartas sujetas a los hombros. De lejos parece una mujer anuncio, pero de cerca se ve la cadena que le ancla a la puerta de los juzgados de Lugo. Desde el 6 de mayo acude puntual a las 9.30. Después de dejar a sus dos hijos en el colegio y hasta que cierran los tribunales. Habla del caso con serenidad, pero en su voz se siente la prisa: "Hace 17 años que asesinaron a mi hermana y a su compañero de trabajo. La investigación fue vergonzosa y el silencio de la Policía y de la Fiscalía es insultante. No me moveré de aquí hasta que vea que hacen algo".

La vida de Isabel cambió el 30 de abril de 1994, cuando encontró a su hermana Elena López Rodríguez tendida a pocos metros de su compañero de trabajo Esteban Carballedo Teijeiro. Había sido una muerte rápida, disparos certeros. Estaban en el suelo de la nave del mayorista de alimentación Cash Récord, en el polígono O Ceao, a las afueras de Lugo. La fuerza del tiro arrancó a Elena de la silla donde estaba sentada, cobrando a los clientes. En el primer pasillo a la derecha estaba el cuerpo de Esteban. La sangre se mezclaba con el aceite de una lata de aceitunas atravesada por el primer disparo. Junto al cuerpo, el mando de la televisión que Esteban sostenía cuando le mataron. La pantalla seguía encendida.

La fiscalía no interrogó a los sospechosos y datos claros en las diligencias iniciales se contradicen al final del sumario

Tres balas. Munición 9 milímetros parabellum. Habían sido disparadas con arma corta, probablemente una Star modelo BM o SB. La misma que usaba entonces la Guardia Civil. Aunque también ETA y quienes entrenaban al tiro olímpico. De la caja de seguridad de la tienda, que tenía la puerta entreabierta, faltaban 3.777.026 pesetas en efectivo (algo más de 22.000 euros) y talones por valor de 542.129 pesetas (unos 3.000 euros) que, según la empresa, nunca se llegaron a cobrar. No hubo revuelo, los atacantes huyeron rápido. Tan rápido que se dejaron 100.000 pesetas (600 euros) en una última bolsa de plástico al fondo de la caja de seguridad. Las prisas apuntan a que su intención no era disparar. Algo ocurrió: ¿reconocieron las víctimas a los asaltantes?

La investigación está lejos de dar respuestas y las autoridades se niegan a hacer declaraciones hasta la vista oral. Nadie responde por qué en la investigación ha colaborado la Policía Local, pese a que la resolución de homicidios excede a sus competencias. Ni quieren aclarar por qué datos que parecen claros en las diligencias iniciales se contradicen páginas más tarde. O cómo es posible que la fiscalía no acudiera al interrogatorio de los principales sospechosos.

Faltan solo tres años para que prescriban los crímenes, y su autor o autores siguen impunes. Las familias sienten que no se ha hecho suficiente. Insinúan incluso que se está encubriendo a alguien. Fuentes cercanas al caso niegan esa teoría, pero insisten en que la investigación fue "poco acertada... Un desastre, vaya".

Las diligencias iniciales se centraron en exámenes de balística y declaraciones de los últimos clientes. Al poco tiempo la investigación dio un vuelco: un chivatazo proporcionó dos nombres. La Policía pinchó el teléfono de la casa de uno de ellos. Las escuchas se prolongaron durante meses, pero no se materializaron en nada. Las mismas personas escuchadas fueron detenidas meses más tarde por otros delitos y condenados, pero en el sumario no figura que se les interrogara por los asesinatos.

Seis años después, cuando el caso estaba a punto de archivarse, alguien cantó de nuevo. El testigo está protegido, de él solo se sabe que fue detenido por la Policía Local en una operación antidroga. En su declaración afirma que los autores de los crímenes en cuestión fueron otros dos hombres implicados en la trama de venta de drogas. Uno de ellos le ofreció participar en el asalto al Cash Récord, pero él lo rechazó. Ninguno estaba relacionado con los sospechosos a los que se había intervenido el teléfono años antes. En el atraco también habría participado una mujer a la que el testigo solía seguir "para evitar que se metiera en problemas". Siempre según este testigo, el plan de los atracadores era sencillo: robar y largarse. Algo falló. Esa mujer habría sido reconocida por Elena, una de las víctimas, porque frecuentaba el restaurante en el que trabajaba su marido y el miedo a que los delatase acabó en sangre. Tras un breve interrogatorio a los sospechosos y algunas indagaciones, la Policía descartó la validez del testimonio. Los familiares de las víctimas insisten en que no se agotaron todas las posibilidades.

El caso se archivó provisionalmente hace 10 años. Desde entonces las familias de Elena y Esteban intentaron que se retomara: reunieron firmas, crearon una web. Nada. La respuesta de la Policía era siempre la misma: no se reabriría mientras no presentaran algún elemento novedoso. La excusa llegó de la mano de un testigo inesperado.

Isabel llevaba dos días en huelga de hambre frente a los juzgados, cuando un señor ya jubilado se acercó y le dijo que tenía nuevos datos que podrían contribuir a la investigación. El testimonio no fue esclarecedor, pero bastó para retomar la investigación y que Isabel abandonara su huelga. Contó que vio a dos hombres y a una mujer junto a un coche que merodeaban sospechosamente cerca del Cash Récord; ella hizo una llamada desde la cabina telefónica. El polígono estaba vacío. Poco después se cometieron los asesinatos.

En 1994, cuando todavía recordaba la matrícula del coche, el testigo no dijo nada a la Policía porque un amigo que trabajaba en la investigación le persuadió de que la información era inconsistente. Le quedó una amargura. "Al ver que las pancartas hablaban del crimen, me alegré. Al fin acallaría mi conciencia", dice a EL PAÍS.

Ante la apertura de nuevas diligencias, el juez volvió a decretar el secreto del sumario. Tardó un año en reabrirlo porque olvidó revisarlo cada mes como estipula la ley. Es la pescadilla que se muerde la cola: al ser secreto, las familias no sabían que la investigación estaba paralizada y, ahora que está abierto, las diligencias siguen estancadas. La Policía alega dificultades para elaborar un álbum de fotos con posibles sospechosos que el testigo pueda identificar. Y cuando las familias reclaman les responden que el inspector a cargo del caso lleva dos meses de baja.

Isabel amenaza con empezar otra huelga de hambre si la investigación no avanza. Sus dos sobrinos, para los que ha sido como una madre, la miran con preocupación al oírla. Los dos estaban con ella cuando encontró los cadáveres, tenían seis y cuatro años. Sin haber visto nada, el mayor lo intuía todo: "Madrina, creo que no voy a volver a ver a mi mamá". La volvió a ver, al día siguiente. Una imagen que arde en su memoria: la cara de Elena, dormida y maquillada, la sábana al cuello. Un beso frío de despedida. Estaba muerta. -