Hereu presenta 42 alegaciones a la 'ley ómnibus' días antes de su cese

Jordi Hereu se ha querido despedir de la alcaldía a lo grande y con una meridiana declaración de intenciones para el futuro, cuando -dentro de una semana- ya esté sentado en los bancos de la oposición municipal: el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado 42 alegaciones a la conocida como ley ómnibus, la controvertida norma que prepara el Gobierno de la Generalitat para simplificar los trámites administrativos, que requiere cambios o, directamente, la derogación de unas 80 leyes. Estas modificaciones supondrán la eliminación de organismos, la reducción de otros y la aligeración de normas para dotar de más dinamismo a la Administración autonómica.

Todo ello CiU pretende resolverlo de un plumazo, con solo dos votaciones en el Parlament, lo que ha levantado duras protestas entre la oposición, excepto en el PP, ya que la futura norma tiene también como objetivo desmantelar parte de la obra de gobierno del tripartito.

El Ayuntamiento argumenta que tiene que defender los derechos de la ciudad

El Consistorio, gobernado hasta el próximo 1 de julio por el PSC y su socio histórico, ICV-EUiA, precisa que ha tenido que presentar las alegaciones porque considera irrenunciable "mantener y garantizar la autonomía en la toma de decisiones y la representatividad de la Administración local" en cuestiones que afectan a Barcelona. En concreto, el equipo de gobierno en funciones señala que la ley ómnibus pone en cuestión directamente "los principios de la Carta Municipal".

Por ello, argumenta, el Ayuntamiento tiene que salir a defender las competencias de Barcelona. Entre las atribuciones supuestamente vulneradas por el proyecto de ley de la Generalitat destacan cuestiones urbanísticas, la regulación de las viviendas de uso turístico y la prestación o demanda de servicios sexuales en el espacio público.

Además, añaden fuentes municipales, han decidido presentar las iniciativa en este momento porque se agota el plazo legal para ello.

El anuncio sobre las alegaciones no ha sentado nada bien al que será el equipo de gobierno municipal de CiU. Joaquim Forn, mano derecha del futuro alcalde, Xavier Trias, en declaraciones a las agencias de prensa, calificó ayer de "despropósito" que el equipo saliente haya obrado de esta manera. Asimismo Forn añadió que la decisión les ha "sorprendido" porque el gobierno municipal no les ha consultado ni mostrado el contenido de las alegaciones.

Fuentes del grupo municipal de CiU y el propio Forn admitieron ayer que han mantenido contactos con el Grupo Socialista del Consistorio sobre temas como los apartamentos turísticos y la prostitución callejera, pero que en ningún caso llegaron a consensuar enmienda ni acción alguna sobre estos temas.El alcalde saliente, el socialista Jordi Hereu, según el comunicado oficial del Ayuntamiento, confía en que "el próximo gobierno municipal haga suyas las alegaciones y defienda los intereses del Ayuntamiento".

La expresión de este deseo tampoco ha sentado bien en CiU. Joaquim Forn se limitó a señalar que no se puede apoyar una cosa que no se conoce. En medios socialistas municipales admitían ayer con la boca perqueña que habían pecado de poca transparencia en la gestión y tramitación de la iniciativa.

Fuentes municipales de la formación nacionalista sí dieron a entender, en cambio, que el equipo de gobierno entrante ha mantenido negociaciones con sus mayores de la Generalitat para negociar y aceptar -seguramente por la vía transaccional, aunque no lo precisaron- cambios propuestos por el grupo municipal de CiU en las cuestiones que afectan a Barcelona.

La figura política de la alegación a una ley exige siempre una respuesta -sea positiva o negativa- del partido de gobierno. La aceptación de las alegaciones del PSC, por tanto, depende solo de CiU, ya sea desde el Gobierno autónomo asumiendo la iniciativa, ya sea presionando a este desde el municipal. Si se acepta la iniciativa del equipo saliente, el PSC e ICV-EUiA pueden colgarse la medalla; si no, el grupo municipal de CiU, con su alcalde al frente, puede ser presentado por los primeros como contrario a la autonomía municipal.

Por otra parte, centenares de asociaciones de cultura popular agrupadas en 21 federaciones e integradas en el Ente de Comunicación Asociativa han decidido por unanimidad presentar también alegaciones a la ley ómnibus. Los militantes de la cultura señalan que la futura norma hace desaparecer el Centro de Cultura Popular y Tradicional Catalana "como paso previo a la creación de un organismo específico que no se define". Añaden que la desaparición también del Consejo Asesor de Cultura supone un desprecio a las reivindicaciones del sector para poner al día el departamento que cuidaba de sus actividades.