El PSdeG pide a Hernández que aclare por qué un asesor suyo pleitea contra él
El PSdeG quiere que el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, explique las relaciones de José Luis Narbón, vocal en la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia por designación directa de Hernández, con los infractores urbanísticos, defendidos por su bufete, que reclaman indemnizaciones millonarias a la Xunta.. La iniciativa la registró ayer en la Cámara el diputado socialista Ismael Rego.
En la interpelación al responsable de Urbanismo de la Xunta, el parlamentario del PSdeG pregunta por "la implicación profesional de los responsables de urbanismo de la Consellería en bufetes de abogados dedicados a poner en cuestión los resultados de la aplicación de la política urbanística por parte da Xunta". Rego concluye que "va siendo hora de que Feijóo ponga coto a la política urbanística de su Goberno". La presencia de Narbón como vocal en la Comisión de Urbanismo de Galicia lleva a los socialistas a sospechar que "personas que tienen información privilegiada como gestores de la política urbanística, muy bien pueden utilizarla en contra del interés general y colectivo de los ciudadanos y a favor de intereses puramente privados".
De ahí que el parlamentario del PSdeG llame a Hernández a explicar "de forma urgente" en el hemiciclo "la posible implicación de responsables de la administración urbanística de Galicia, nombrados por el conselleiro, en empresas dedicadas a la defensa de litigios contra los resultados de la aplicación de la legislación urbanística de Galicia, algunas de ellas incluso con sentencias judiciales en firme".
Reclamación millonaria
La iniciativa del PSdeG surge después de que este periódico publicase el pasado jueves que Narbón figura como apoderado de la firma Urbagalex, la rama especializada en derecho urbanístico de Martínez Barros y Narbón Abogados. Este bufete representa en la actualidad a varios promotores inmobiliarios, entre constructoras y particulares, que demandaron a la Xunta para reclamar una responsabilidad patrimonial de 1,5 millones de euros, por la demolición de dos chalés ilegalizados por sentencia firme.
El mismo despacho también reclama 700.000 euros por parte de un particular en Aguete (Marín), cuya residencia fue derribada siguiendo el mandato de los tribunales.
