Competencia cree que la nueva autoridad debería tener una mayor independencia

El vicepresidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, Juan Luis Crucelegui, pidió ayer al Gobierno autónomo que tenga más audacia a la hora de legislar. En una comparecencia en la correspondiente comisión parlamentaria, Crucelegui reconoció que, si bien la reforma del organismo que ha aprobado el Ejecutivo resulta necesaria, el Departamento de Economía y Hacienda debiera de haber ido más allá. En su opinión sería preciso dotar de mayor independencia al futuro tribunal dándole una forma jurídica de ente de derecho público, con plena capacidad tanto pública como privada, y no de organismo autónomo.

Crucelegui apuntó que el contenido del proyecto de ley de Autoridad Vasca de la Competencia, aprobado el pasado abril por el Ejecutivo y que ha comenzado ya su correspondiente tramitación en la Cámara, podía haber avanzado más en la salvaguarda de su independencia, desvinculando además el control de sus gastos del Gobierno y limitándolo a un control parlamentario.

La ley reduce de tres a uno los miembros fijos de la autoridad futura

El tribunal hizo en 2010 nueve informes, de los que cinco fueron archivados

La nueva ley funde en una única autoridad el actual Servicio de Defensa de la Competencia y el tribunal, reduce de tres a uno los miembros permanentes, y confiere a la nueva autoridad la forma jurídica de organismo autónomo, que se regirá por Derecho Administrativo.

El vicepresidente del tribunal explicó durante su comparecencia que la creación de una autoridad única resulta "positiva", porque mejorará el funcionamiento y porque se le otorga una personalidad jurídica que permitirá que pueda impugnar actos de las diversas Administraciones, incluso de los departamentos del Ejecutivo cuando actúen como un operador económico que compra o vende servicios.

Sin embargo, pese a reconocer que la definición de la autoridad como un organismo autónomo mejora la situación actual, Crucelegui destacó que habría que dotar a la nueva figura de un estatuto de ente de derecho público, similar al que ya tiene la Comisión Nacional de la Competencia.

Unos minutos antes de la comparecencia de Crucelegui intervino en la Cámara el presidente del tribunal, Joseba Andoni Bikandi, quien presentó el informe de la institución que encabeza correspondiente a 2010.

Bikandi precisó que el tribunal elaboró el pasado ejercicio nueve expedientes, de los cuales cuatro concluyeron en sanción y los otros cinco fueron archivados. Del total de expedientes abiertos, ocho tuvieron su origen en denuncias presentadas y solo uno se elaboró de oficio. Cuatro tuvieron su motivación en un posible abuso de posición dominante.

Socialistas y populares criticaron que, frente a esa "escasa producción", los miembros del tribunal han realizado numerosos viajes que "no casan demasiado bien con la época de crisis y de restricción" de desplazamientos institucionales. Para los partidos no resulta demasiado congruente que el presidente se queje de las restricciones presupuestarias cuando el tribunal solo gasto el año pasado el 36% de su presupuesto para gastos de funcionamiento.

El tribunal sigue sin tomar decisión alguna respecto de la apertura de grandes superficies en domingos y festivos. Euskadi es la única comunidad autónoma que no abre ni uno solo por la oposición de los sindicatos.

Competencia ha incumplido su propia resolución sobre los horarios comerciales al no remitir al Gobierno las propuesta de las grandes superficies, que a mediados del pasado año remitieron al tribunal los domingos y festivos preferidos. En una actuación insólita, Competencia ha paralizado su propio procedimiento y mantiene en suspenso una actuación para desbloquear el problema.