La vigilancia personal se estrecha

Las sombras humanas que durante los últimos años han custodiado a los amenazados por ETA son cada vez menos visibles en las calles de Euskadi. La reducción de escoltas derivada de la tregua etarra afronta estos días su etapa clave con la merma de la vigilancia personal a los concejales elegidos en los últimos comicios del 22-M. Un drástico reajuste que inquieta a los ediles de PSE y PP, y que podría dejar sin trabajo a cientos de profesionales, pero que al mismo tiempo cabe interpretar como símbolo de que el final del terrorismo queda cada vez más cercano.

El Ministerio del Interior y el departamento vasco del ramo han iniciado la aplicación de unos recortes que dejarán con un único escolta a los concejales electos de PSE y PP, que hasta ahora disponían de dos, y eliminarán toda protección personal a los exediles de ambos partidos. Socialistas y populares obtuvieron en las pasadas elecciones 398 representantes municipales, 119 menos que en 2007. Unos resultados que, según los planes de la Administración, y aunque de forma progresiva durante el verano, dejarán sin su actual trabajo a más de 700 guardaespaldas en el País Vasco. Un número similar podrían verse afectados en Navarra.

"Miedo no, pero preocupación sí que existe", admite una edil popular

Solo los jueces han protestado hasta ahora por el recorte de la vigilancia

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido categórico al aseverar que "si baja el riesgo, disminuye la protección". Una afirmación que recurre al descenso de la actividad terrorista como argumento de un reajuste del gasto en seguridad que se antoja necesario en el actual marco de crisis, pero que no comparten los afectados. La dirección de los populares vascos ya ha trasladado al Gobierno autónomo, del que es socio preferente, una petición expresa para que el recorte de la vigilancia se retrase hasta fin de año, al menos, en lo que se refiere a sus concejales en municipios gobernados por Bildu.

En las filas del PP ha vuelto a instaurarse el temor de épocas pasadas ante los incidentes acaecidos en distintas localidades vascas durante la conformación de los nuevos consistorios, por lo que reclaman tiempo para comprobar la veracidad de la teórica apuesta pacífica de la coalición soberanista. "El que tiene miedo no se mete en estas historias, pero la tensión se ha incrementado y qué duda cabe de que la preocupación sí que existe", admite una veterana concejal guipuzcoana. El departamento vasco de Interior ha garantizado que la aplicación de los recortes se adaptará a las necesidades de casos excepcionales y que se compensará con labores de contravigilancia.

La retirada de la vigilancia personal supone un doble quebradero de cabeza para quienes durante años han aprendido a convivir con sus particulares ángeles de la guarda. Más allá de la "inseguridad" que acarrea, el recorte conlleva también una readaptación. "Primero nos obligaron a convivir con escoltas, con todo lo que conlleva, y ahora nos los quitan sin ni siquiera consultar nuestra opinión", lamenta otro edil, para quien los guardaespaldas representan la garantía de una "vida democrática plena". "No solo evitan los atentados, que desde hace tiempo no se producen, sino también el acoso, las agresiones y los insultos que parecen haber vuelto a rebrotar", justifica.

Entre los políticos amenazados son muy diversas las opiniones, aunque la mayoría se aleja de la euforia generalizada en torno a la apuesta de Bildu por las vías democráticas. No son pocos quienes coinciden en que la situación, aunque lejos de la normalidad aún, ha mejorado en los últimos años, si bien hay quien, menos optimista, alega que en algunos aspectos se ha retrocedido. "EA no tenía reparo en condenar hace tres años cualquier atentado de ETA y ahora no se pronuncia de una forma tan clara", advierte otro de los concejales sondeados.

Aunque menos dados a un pronunciamiento público, quizá porque la merma de escoltas la impulsa su propio partido, lo cierto es que la preocupación es latente también entre los socialistas. Así lo ha reflejado el propio portavoz del partido en Andoain, Estanis Amutxastegi, quien ha insistido en que seguirá acudiendo con sus escoltas al Ayuntamiento, pese a la expresa prohibición de entrada a estos últimos por parte de Bildu, porque no pretende arriesgarse a ser asesinado. Un temor que comparten muchos otros concejales. Sobre todo, los que se han quedado solos en municipios gobernados por la coalición soberanista, guipuzcoanos en su gran mayoría.

Compartida o no, para el resto de ediles socialistas, la decisión de reajustar los servicios de escolta puede considerarse "razonable", si se tiene en cuenta el escenario político y económico que atraviesa Euskadi, e incluso hay quien la interpreta como una "liberación" personal. "El recorte generalizado puede ayudar a camuflar las renuncias a título individual, que hasta ahora suponían una excepción y te colocaban en el punto de mira", sostiene una destacada concejal vizcaína del PSE.

Los ediles suponen la viga maestra de un plan que ha quemado ya varias etapas previas. En los últimos meses se ha reducido la vigilancia personal a exaltos cargos políticos y responsables del Gobierno vasco, e incluso a profesionales de otros sectores amenazados por la banda terrorista, como los periodistas, los profesores de universidad o los jueces. Los miembros de la judicatura han sido los únicos que han levantado la voz para mostrar su malestar en público. En las próximas semanas podrían seguir el mismo camino los representantes socialistas y populares de las Juntas Generales y las Diputaciones.