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Los Charlines volverán al banquillo por estafa y blanqueo de 15 millones

La juez de Vilagarcía trasladará el caso a la Audiencia Nacional

Un año después del último golpe policial contra Los Charlines los investigadores todavía siguen analizando datos sobre el patrimonio de más de 15 millones de euros que consiguió levantar este clan de narcotraficantes pese a todos los procesos judiciales en los que se vio inmerso desde 1990.

A medida que avanza la investigación patrimonial se acumulan las pruebas contra el patriarca Manuel Charlín, su mujer, cinco de sus hijos, dos nietos y sus testaferros para acusarles de un delito de blanqueo de dinero del narcotráfico y decomisar los bienes y dinero que se intervino en la Operación Repesca en julio de 2010.

Charlín Gama y los diez implicados en esta operación se sentarán en el banquillo pero de la Audiencia Nacional, según adelantaron fuentes judiciales. El regreso de la causa a Madrid, donde comenzó a instruirse en 2007, supondría un revés para los imputados de cara a la estrategia de defensa de sus abogados, ya que es en esta audiencia donde Los Charlines han sido ya juzgados por delitos conexos.

El clan tenía tres millones en cuentas en bancos suizos que fueron bloqueadas
Las acusaciones se amplían a estafa y alteración del precio en los concursos

Según las mismas fuentes, la juez de Vilagarcía que instruye el caso tendría previsto firmar los próximos días un auto acordando la inhibición a favor de la Audiencia Nacional porque los supuestos delitos investigados trascienden al ámbito internacional.

El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, también estaría de acuerdo con la decisión de la magistrada, Almudena Janeiro, teniendo en cuenta, además, que este sumario tiene su origen en otros procesos anteriores de narcotráfico por los que fue condenado Manuel Charlín, su mujer y prácticamente todos sus descendientes.

De hecho, el objetivo judicial ahora es intervenir algunos bienes ocultos y otros que Los Charlines consiguieron recuperar cuando el Tribunal Supremo dejó sin efecto su decomiso en 2007, de ahí el nombre de Repesca que se le dio a la operación.

A raíz de aquel fallo que dio la vuelta al proceso contra Los Charlines, la fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional puso de nuevo en el punto de mira a esta histórica familia de la que ningún miembro se libró de pasar por la cárcel.

Teresa Charlín, cuya condena por la Audiencia Nacional fue revocada por el Supremo, está ahora imputada como principal actora en las subastas públicas en las que logró comprar varias empresas familiares embargadas, como el cocedero de marisco Sochar, a través de la puja de 800.000 euros que hizo su hija Natalia Somoza, también implicada.

El clan tenía en cuentas de bancos suizos unos tres millones de euros que fueron bloqueados. El inventario de los bienes que fueron intervenidos se eleva a más de 60, entre inmuebles, fincas y empresas, un patrimonio que afloró cuando la familia Charlín Pomares parecía más "tocada" por la justicia y prácticamente sin liquidez.

Además del lavado de capitales y delito fiscal, Los Charlines se enfrentan a otras acusaciones, como estafa y alteración del precio de concursos públicos y subastas con la colaboración de dos abogados y varios empresarios vinculados a los negocios de marisco y pescado en la zona de Arousa.

La operación policial reventó una semana antes de que Manuel Charlín fuese excarcelado, después de pasar 20 años en prisión. El fundador del clan, de 78 años, era uno de los objetivos policiales como imputado pero ello no impidió que la Justicia adelantase su libertad. Consiguió salir cuatro años antes de lo previsto en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el doble cómputo de la prisión preventiva.

La juez acordó entonces esperar a que Charlín Gama saliese de la prisión de A Lama para interrogarle. Así, 48 horas después de dejar la celda, el viejo narcotraficante volvía a rendir cuentas en los juzgados. Sin embargo negó su implicación en el blanqueo de dinero alegando que estaba permanentemente vigilado en la cárcel como preso catalogado en el llamado Fichero de Especial Seguimiento.

La rapidez con la que consiguió la fianza de 30.000 euros para eludir la prisión no dejó de sorprender en medios de la investigación. Cuando se le comunicó el auto judicial, Charlín pidió "un poco de tiempo" para reunir el dinero de la fianza. Media hora después de la solicitud su abogada hacia efectivo el aval.

Operaciones desde la cárcel

En el sumario hay indicios de que Manuel Charlín Gama, de 78 años, continuó dirigiendo desde la prisión los hilos financieros del clan que fundó a finales de los años ochenta. En la misma situación procesal estaría su hija Josefa Charlín, de 56 años, que todavía cumple condena por narcotráfico y blanqueo.

La presunta implicación de Charlín se deduce de las intervenciones telefónicas a todos los implicados en las que se constata que el narcotraficante habría seguido moviendo los hilos del entramado financiero, dando las órdenes necesarias a terceras personas que trabajaban como testaferros de los millonarios negocios de la organización, algunos de ellos hasta ahora ocultos y que fueron destapados por la Agencia Tributaria y un equipo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía.

Cuando Charlín y sus descendientes recibían con júbilo la sentencia del Tribunal Supremo que les devolvía casi la mitad de sus bienes, la Audiencia Nacional abría con absoluto secretismo una investigación para recuperarlos, aunque se encontró con un patrimonio desconocido que constataba la rapidez con la que la familia había salido de su aparente ruina.

Charlín, junto a su mujer y sus hijos, estaba en el punto de mira de esta investigación pese a tener intervenido el correo y el teléfono en prisión.

Dada su avanzada edad y delicada salud, al igual que su mujer Josefa Pomares, es probable que Charlín acabe siendo liberado de volver a ingresar en la cárcel, aunque se quedaría incluso sin su chalé de Vilanova de Arousa, donde vive desde que se extinguieron sus condenas, el 14 de julio del pasado año.

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