Pinchar el globo

En Alicante, la noticia de estos días pasados -ya la conoce el lector- ha sido la derrota de José Joaquín Ripoll, que no volverá a presidir la Diputación Provincial. El asunto había quedado claro el mismo día de las elecciones. El fracaso de los candidatos zaplanistas en Alcoi, Orihuela y Villena, dejó prácticamente decidida la suerte del grupo. Aunque Ripoll maniobró hasta última hora, cada vez tenía menos puntos de agarre. Una vez que Madrid se inhibió, a sus oponentes les bastó mantenerse unidos para que las cosas siguieran su curso natural. Concluía así el empeño de Francisco Camps para borrar cualquier rastro de Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana, una tarea a la que se entregó desde el momento siguiente a su elección. De haber puesto el mismo afán en mantener una política industrial, los valencianos afrontaríamos mucho mejor la crisis en estos momentos. Pero este hombre sólo saber mirar por sus intereses.

Si la noticia de la defenestración de Ripoll se agota en el terreno propio de la política, mayor importancia tiene -a mi entender- lo ocurrido en el caso Brugal. La decisión del juez instructor de anular una parte de las escuchas realizadas por la policía tendrá graves repercusiones para el asunto. La más inmediata será una dilación de los plazos, con todo lo que ello supone en un sistema judicial como el nuestro. El juicio -suponiendo que se llegue a este punto y no surjan nuevos inconvenientes en las próximas semanas- podría retrasarse varios años. Para cuando suceda, su repercusión social será mínima. La prensa ha destacado que la situación de los juzgados de Orihuela no era la adecuada para afrontar un asunto de esta envergadura. Como ocurre tan a menudo -el caso Fabra es un buen ejemplo-, no se supo o no se quiso poner remedio. Con ello, la imagen de la Justicia se ve otra vez deteriorada, sin que a sus responsables parezca importarles sus consecuencias. En ocasiones, la independencia del poder judicial no es más que una cuestión de medios materiales.

Estos sucesos trasladan a la opinión pública la idea de que los corruptores y los corruptos encuentran siempre el modo de salir bien librados, y nada puede hacerse ante ello. La falta de voluntad de los políticos para remediarlo, nos habitúa a ver la corrupción como un hecho inevitable, con el que es necesario convivir. Pero la corrupción dicta sus propias reglas, al margen de las que nos hemos dado los ciudadanos, y deteriora la convivencia porque crea desigualdad. ¿Es esto lo que queremos? Sólo cuando percibamos de una manera clara que no hay impunidad para nadie, podremos confiar plenamente en nuestras instituciones. De momento, vivimos con la impresión de que existe una Justicia que camina a distintas velocidades, en una u otra ocasión.

Tras la resolución del juez, se han levantado algunas voces pidiendo la nulidad del caso. Volveremos a escucharlas en los próximos días, y su tono se hará cada vez más alto y exigente. Tratarán de hacernos creer que si las escuchas fueron anuladas es porque los hechos no existieron. ¿Deberemos recordarles que la verdad real y la jurídica no son la misma cosa? Las conversaciones -aunque no puedan ser utilizadas en un juicio- han existido, y a través de ellas hemos conocido la condición de Sonia Castedo, Ortiz, Luis Díaz o José Joaquín Ripoll. Como ha escrito el profesor Laporta, "el que alguien no pueda ser procesado o juzgado por unos hechos, no quiere decir que no sea un indeseable desde el punto de vista moral".