El PP denuncia que Empleo utiliza un trámite ilegal en los actuales ERE

El PP anunció ayer que ha presentado un escrito ante la juez que investiga los ERE presuntamente fraudulentos donde denuncia la supuesta ilegalidad de la nueva fórmula de encomiendas de gestión de la Consejería de Empleo a la agencia IDEA para los expedientes de regulación de empleo. Según el PP, estas encomiendas debe autorizarlas el Gobierno y no el consejero, al estar implicadas diferentes consejerías. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, no cuestionó "a los beneficiarios de buena fe de muchas de esas ayudas", pero calificó esa nueva fórmula como "presuntamente ilegal".

Sanz recordó que la anterior fórmula que la consejería utilizaba desde 2001 para tramitar las ayudas a empresas era por convenios con el IFA -ahora IDEA- con cargo a la partida presupuestaria 31L, "de forma arbitraria y sin control", ante lo que la Intervención alertó "hasta siete veces de que era irregular".

El procedimiento se cambio en 2008 por el de encomiendas de gestión hechas por la Consejería de Empleo a la agencia IDEA, que depende de Economía, Innovación y Ciencia. Pero, según Sanz, las autoriza el consejero en vez del Consejo de Gobierno, como obliga la ley si son entes de distintas consejerías. En el escrito que presentó el viernes el PP en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, se cita el artículo 105.3 de la ley andaluza de Administración Pública, que se refiere a las encomiendas. Según Sanz, se pone de manifiesto que "la nueva fórmula también puede ser ilegal y las resoluciones del Gobierno andaluz sobre esta materia pueden ser igualmente ilegales".

Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, en su auto del 7 de junio, ha requerido a la Consejería de Empleo de la Junta para "que informe, tras su completa filiación, sobre cargo, funciones e intervenciones realizadas por quien es identificado como Ramón Díaz". Según consta en la investigación judicial, Ramón Díaz Alcaraz, ex director general de Empleo y actual diputado andaluz por el PSOE, intervino en el ERE de Saldauto para introducir a dos trabajadores "intrusos" en el expediente.

La juez también requiere a la Junta que informe sobre las actuaciones de fiscalización realizadas en el ERE del Marco de Jerez, tramitado como subvención excepcional. Según el auto, en dicho expediente consta que Evaristo Babe Romero figura como beneficiario de dos pólizas y cobraba 2.000 euros mensuales de prestación. A la vez aparece dado de alta en la Seguridad Social, tanto en el Consejo Regulador del Brandy de Jerez como en la Federación Bodegas Marco de Jerez. El auto afirma que Babe fue nombrado en octubre de 2010 presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, el mismo día en el que el exconsejero Antonio Fernández fue nombrado presidente del Consejo Regulador del vino de Jerez. Por ello, la magistrada solicita que se investiguen los sueldos que cobraba al tiempo de firmarse las pólizas y su relación personal con el exconsejero.