Funcionarios y empresarios, nuevos imputados de Astapa

El caso Astapa contra la corrupción política y municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) continúa vivo y en pleno proceso de investigación. El juez Jesús Torres, titular del juzgado número 1 de la localidad, ha acordado 21 nuevas imputaciones cuando se cumplen tres años de las primeras detenciones. Entre los implicados hay "funcionarios, cargos públicos y empresarios", según fuentes cercanas al caso. Con este movimiento, el número total de imputados llegará a los 94.

Fue la policía la que solicitó al juez que autorizara estas nuevas implicaciones por delitos como malversación de capitales, prevaricación, cohecho o falsedad documental. Fuentes judiciales aseguran que esta petición llevaba un tiempo sobre la mesa del instructor. Sin embargo, no se ha conocido la determinación de Torres hasta que se ha constituido la nueva corporación, que dirige el nuevo alcalde José María García Urbano (PP) con mayoría absoluta.

El juez considera que tres empresas son las vértebras de la investigación

Los implicados serán citados primero en dependencias policiales y, probablemente a mediados de julio, pasarán por el juzgado número 1 de Estepona, encargado de la instrucción del caso.

Hoy se cumple el tercer aniversario de la actuación policial que trastocó seriamente el funcionamiento del Ayuntamiento esteponero. La operación provocó la detención del entonces alcalde socialista Antonio Barrientos junto con concejales de su equipo de gobierno, como Francisco Zamorano, y de la oposición, como los posgilistas Ignacio Crespo o Manuel Reina; además de numerosos técnicos municipales y empresarios. En este tiempo se han investigado irregularidades en contratos de servicios, convenios urbanísticos o financiación de partidos, entre otros asuntos.

Parte de las diligencias del caso continúan bajo secreto. A finales de 2010, el juez aseguró en un auto que estaban poniendo "todos los medios" para que las partes pudieran conocer el contenido del sumario entero. Con todo, reconoció que las diligencias estaban afectando "a la práctica totalidad" de los imputados.

Las últimas pistas sobre las pesquisas policiales se encuentran en algunos autos del instructor, en los que centra su atención en tres empresas, una pública y dos privadas, que considera "vértebras" de la investigación. Se trata de la sociedad pública Empladus, dedicada al planeamiento urbanístico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution.

Aedon era una empresa, a la que, según testigos de la causa, el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó entre 1995 y 1999 numerosos los proyectos urbanísticos de la ciudad. Cuando un gobierno cuatripartito expulsó al GIL de la alcaldía en 1999, el nuevo equipo de gobierno rechazó los proyectos presentados por Aedon al municipio a través de la sociedad Empladus, porque consideraban que su precio era desorbitado.

En la sociedad pública Empladus, la Agencia Tributaria detectó un desfase de 16 millones de euros por los ingresos de aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2003 que ningún funcionario pudo justificar. La empresa de publicidad Ad Volution denunció a la formación posgilista Partido de Estepona (PES) en marzo de 2008 por no pagarle parte de unos trabajos de una campaña electoral.