Ayuntamiento y vecinos del edificio Fenosa recurren para evitar el derribo

El Ayuntamiento de A Coruña y la comunidad de propietarios afectada han jugado una de sus últimas cartas para intentar evitar el derribo de uno de los inmuebles más grandes del centro de la ciudad: presentaron ambos un recurso de súplica contra el último auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que apremia a cumplir la sentencia, ratificada por el Supremo, que declara ilegal el edificio Conde de Fenosa. Tanto el nuevo gobierno municipal como los dueños del centenar de viviendas, oficinas y locales comerciales que conforman esta edificación no solo pretenden ganar tiempo con sus recursos: Están convencidos que aún existen vías legales para evitar la demolición.

Son ya 12 años de litigio judicial y hasta ahora todos los intentos del Ayuntamiento fueron vanos para legalizar la licencia municipal que concedió en 1997 el entonces gobierno local del socialista Francisco Vázquez a la promotora Fadesa para construir, en el solar que acogió durante décadas la sede principal de la compañía eléctrica, ese gran edificio residencial.

Demoler el bloque de pisos costaría 40 millones, según los arquitectos

El nuevo edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado, admitió ayer que será difícil que el alto tribunal admita los recursos de súplica. Pero consideró que al menos permitirá ganar "más tiempo para seguir explorando nuevas vías" a fin de solucionar esta incómoda herencia urbanística. "Los coruñeses no pueden pagar los platos rotos de esta irregularidad", ahondó en referencia a la posibilidad de que se le imponga al Ayuntamiento una indemnización "millonaria" que podría suponer la bancarrota para las arcas municipales.

Una de esas vías alternativas podría ser la de solicitar la imposibilidad de ejecutar la sentencia que anuló la licencia municipal y ordenó la demolición del inmueble. Para los magistrados, es ilegal no solo porque permitió, cuando estaba prohibido en el plan de ordenación urbanística de la ciudad, una rehabilitación integral para cambiar el uso del solar, sino también por las excesivas dimensiones de uno de los patios interiores del edificio compuesto por tres bloques así como por la escasez de plazas de garaje (72) para el centenar de viviendas construidas.

La comunidad de propietarios también está convencida de que existen vías legales alternativas al derribo. Incluso afirma que la sentencia da pistas sobre la posibilidad de ejecutarla sin llevar a cabo esa demolición. Cita a modo de ejemplo las torres de García Barbón en Vigo, "aunque las circunstancias sean distintas" a las del inmueble coruñés.

Tirarlo abajo no es el único proceso que intenta evitar el nuevo gobierno municipal de Carlos Negreira, sino también evitar sanciones millonarias por desobediencia judicial. El último auto del Tribunal Superior, con fecha del pasado 27 de mayo y en el que se rechazaban anteriores recursos presentados tanto por el Ayuntamiento, como por los propietarios y la propia Fadesa, advertía de que en caso de no ejecutarse la orden de derribo, se establecería una multa coercitiva, es decir que aumenta por cada día que pase sin cumplir el fallo judicial. Los magistrados también alertaban de que el Ayuntamiento podría enfrentarse a responsabilidades penales por este caso, iniciado por la denuncia de un particular. Es un asunto "arrastrado desde hace una década sin que hasta ahora se haya buscado una solución para restablecer la legalidad", se quejó ayer Martín Fernández al apuntar con el dedo a los sucesivos gobiernos municipales del PSdeG. Y defendió que el nuevo ejecutivo local del PP solo ha tenido 24 horas para decidir la presentación de un recurso -el plazo acabó ayer- que responde a "las recomendaciones" de la asesoría jurídica del Ayuntamiento coruñés. A unos 40 millones de euros ascendería, según cálculos del Colegio de Arquitectos, ejecutar la orden de derribo del edificio, una alternativa que todos los grupos municipales están de acuerdo en tratar de evitar.