Un tanatorio demolido en Pontevedra pide 3,4 millones a la Xunta
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenó el derribo el pasado agosto del tanatorio de Montecelo, en Pontevedra, culpaba a la Xunta de haber permitido construir el centro en una zona rústica de la ciudad, y abría la puerta a una reclamación patrimonial por parte de las empresas propietarias. Esta ha llegado 10 meses después. Central Funeraria, Alianza y Barros y Pompas Fúnebres presentaron ayer una solicitud ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en la que piden que se les indemnice con 3,4 millones de euros por los perjuicios.
Las empresas creen que llevan las de ganar, porque ellas sí obtuvieron el permiso de Política Territorial en 1993, cuando José Cuiña estaba al cargo de la Consellería. Un vecino, molesto por el ruido en una zona rústica que aún hoy es de difícil acceso rodado, reclamó durante años y acabó ganando la batalla legal.
En el importe total de la reclamación, que las empresas desglosan en un comunicado de prensa, cargan tanto el coste del viejo tanatorio -780.000 euros, según sus cálculos- como otra partida de 1,9 millones para construir otro tanatorio en el mismo emplazamiento del anterior. Este doble cargo lo justifican en su creencia de que el permiso ilegal solo lo fue por un "error formal", y en que entienden que con la legislación actual no deberían tener problema en obtener la autorización para volver a levantar el centro. "Ya en el momento del derribo se habían iniciado los trámites para solicitar una nueva licencia para volver a construir el tanatorio en el mismo emplazamiento", añaden.
