Los usuarios piden un transporte de ría público, ya

Ni el puente de Rande, primero, ni el corredor del Morrazo, después, han roto la singularidad del transporte de ría en la de Vigo. Está en la idiosincrasia de las poblaciones de esa península y, en cualquier otra parte, seguramente sería una modalidad mimada por los poderes públicos por sus ventajas ambientales y económicas. Las carreteras, sin embargo, han ido vaciando las lanchas de usuarios y los que quedan, que no son pocos -cerca de un millón de billetes al año-, reclaman que la travesía recupere la condición de servicio público que perdió en 2009 para no estar sometidos al albur de la libre competencia de las navieras que lo cubren.

Ese régimen de libre competencia permite a las navieras cambiar precios y frecuencias, incluso suprimir el servicio con solo avisarlo con un mes de antelación. Es lo que hizo Mar de Ons con la travesía Moaña-Vigo hace dos años. La Xunta, "para evitar un problema social", según puntualiza Francisco Ferreira, portavoz de la Plataforma de Usuarios de Transporte de Ría, facilitó entonces, para dar servicio a Moaña, la entrada de otra naviera, Nabia, que aprovechó, dentro del régimen de libre competencia, para extenderlo a Cangas, en competencia directa, y últimamente feroz, con Mar de Ons y Rías Gallegas, la otra naviera que opera la travesía Cangas-Vigo desde el año pasado, tras conveniar una parte de las frecuencias con Mar de Ons. Nabia ha perdido finalmente la batalla y se retira del servicio a Cangas (unos 2.500 billetes diarios) para mejorar el de Moaña (unos 650 billetes), según fuentes de la empresa.

Las travesías entre el Morrazo y Vigo venden al año casi un millón de billetes

De Moaña salen lanchas para Vigo cada hora y, desde Cangas, vuelven a hacerlo cada media hora. La Xunta intentó que Nabia prestara su servicio con Cangas en los cuartos -a las horas y cuarto y a las menos cuarto-, pero no funcionó "por las costumbre de la gente: no teníamos pasajeros", explican en Nabia. Así que traspuso sus frecuencias a cinco minutos antes que los de Mar de Ons, pero tampoco funcionó.

Fuera deliberado o inevitable -al esperar por pasajeros remolones-, la puntualidad no se cumplía con rigor e incluso había algunas frecuencias con horario coincidente de Nabia y Rías Baixas. De modo que, a menudo las lanchas de las dos navieras embocaban la travesía como una competición de regata que tampoco era del gusto de los usuarios, porque generaba problemas de seguridad en los atraques. "Esa guerra entre empresas no puede ser la nuestra", afirma Ferreira.

De hecho, añade el portavoz de la plataforma, "aunque la travesía no les da pérdidas, el negocio píngüe lo hacen en la temporada de los viajes a Cíes". Nadie lo desmiente. La autorización del servicio con las dos poblaciones del Morrazo implica la dotación de una infraestructura portuaria y naviera -asignación de pantalanes, barcos- como condición necesaria a la que sacan su mayor partido con los viajes de turistas a las islas.

"Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una dependencia absoluta de Vigo: compras, Facenda, Povisa...", explica Ferreira para defender la vuelta de la actual libre competencia a un servicio público que imponga garantías propias de un régimen concesional y, tratándose de transporte, con una financiación pública parcial de los billetes "como sucede con todas las empresas del transporte urbano, por ejemplo".

En los dos años transcurridos desde su creación, la plataforma de usuarios ha dirigido casi un centenar de escritos, reclamaciones y denuncias a los tres organismos con competencias en el asunto -Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Xunta, incluso algunos al Valedor do Pobo-, con ese objetivo último y otras veces por cuestiones puntuales, como la anulación de la estación marítima de Vigo, que Corina Porro sustituyó por un paseo de palmeras de más de 100 metros que hay que andar hasta el punto de atraque, sin cafetería ni protección alguna contra la lluvia en las esperas ni en el paseo al embarque o desembarque.

La Xunta, por su parte, aplaza las soluciones a la implantación del transporte intermodal que imponga el Área Metropolitana.