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Entrevista:Sonia Castedo | Alcaldesa de Alicante | CASO BRUGAL

"El objetivo de la investigación era dañar mi imagen"

Sonia Castedo (Ribadeo, 1970) es alcaldesa de Alicante desde septiembre de 2008 al sustituir a Luis Díaz Alperi en el cargo. En las últimas elecciones, con ella al frente de la lista del Partido Popular, arrasó logrando un resultado histórico. El levantamiento del secreto del sumario de una de las partes del caso Brugal viene a presentarla como una cómplice del mayor promotor inmobiliario de la Comunidad de Valencia. Ahora, desde su despacho, los argumentos con que se defiende de las acusaciones suenan contundentes, sin fisuras. Pero la reiteración del discurso, la misma fortaleza que exhibe, revela la existencia de algo impostado. Las transcripciones de las cintas han dañado su imagen. Y eso, para una política tan ambiciosa como ella, es un problema no menor.

"Vivimos en un Estado policial. Mi teléfono ha sido pinchado sin autorización. Las escuchas eran ilegales"

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Pregunta. ¿Le parece razonable mantener 21 reuniones y 53 contactos con el mayor promotor inmobiliario de la ciudad durante la redacción del plan general de urbanismo?

Respuesta. Lo primero que quiero dejar claro es que todas esas reuniones y conversaciones no eran sobre el plan general. Y sí, me parece normal tener reuniones con las personas interesadas en el plan. Han sido muchas personas que tienen que ver con el plan urbano con las que nos hemos reunido y hablado porque la ley lo permite. El delito, si es que lo hubiera, estaría en que esas conversaciones llevaran a la consecución de un beneficio para un empresario. Un beneficio que no consta. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte estamos convirtiendo en anormal lo que siempre ha sido normal.

P. Estamos hablando de un promotor que controla el 70% del suelo urbanizable de Alicante.

R. A día de hoy. Cuidado con eso. Si se aprueba el plan como está, pasaría de controlar el 70% al 30%. ¿Quién es entonces el perjudicado? Enrique Ortiz, que no controlaría un metro cuadrado más. Tengo la documentación que lo demuestra.

P. Pero él, en las grabaciones, habla de dar un pelotazo de 120 millones.

R. Eso habría que preguntárselo a él. Yo defiendo lo que he hecho y puedo demostrar lo que hay: no hay ningún delito y no hay ningún beneficio. No hay información privilegiada para conseguir un beneficio.

P. ¿Y le parece normal que en el despacho que asesora al redactor del plan general trabaje su hermano?

R. Cuando se le adjudica la redacción del plan a Jesús Quesada, en su equipo ya se encontraba ese despacho de abogados como consultor jurídico externo. Mi hermano se incorporó al bufete después de que el Ayuntamiento le encargara a Quesada el trabajo.

P. ¿No le molesta el tráfico de regalos y viajes que aparece en las cintas?

R. Ahora que conozco esas conversaciones, sí. Si no las conociera, diría que se trata de una situación, entre comillas, bastante normal.

P. Leyendo las transcripciones, uno se queda con la sensación de que tanto usted como su antecesor, Díaz Alperi, son meras marionetas de Enrique Ortiz.

R. Esa es una imagen mala y que me perjudica. Esa es la imagen que se quiere vender. Si realmente Ortiz controlara el Ayuntamiento, como insinúan, habría obtenido algún beneficio y no lo ha conseguido. Lo único que se busca es dañar mi imagen. Cuando todo esto termine, me gustaría saber si quienes han provocado todo van a dimitir, si van a ser consecuentes.

P. ¿Quiénes son esos provocadores?

R. No lo voy a decir. Si lo digo, me imputan otra vez. Si se me quiere acusar de algo, que se me acuse, pero que se me demuestre. No con insinuaciones malintencionadas para dañar mi imagen, para intentar presentarme como una mangante que trabaja para un empresario cuando eso es mentira y porque lo puedo demostrar con documentación.

P. Se reitera en su afirmación de que vivimos en un Estado policial.

R. Absolutamente. Mi teléfono ha estado pinchado ilegalmente. Lo sé. Jamás pensé que mi vida privada pudiera ser observada. Una cosa es hacer una investigación, y otra, espionaje.

P. ¿Sin autorización judicial?

R. Inicialmente no existía esa autorización, por eso hay conversaciones que no aparecen en el sumario. El único objetivo era dañar mi imagen.

P. Y lo de escarbar en el pasado del socialista Ángel Luna para denunciarle...

R. Puede parecer poco ético, pero lo es bastante menos de lo que él le estaba haciendo al presidente de la Generalitat. Y Ángel Luna sabe que, de lo que sabemos, solamente ha salido una tercera parte. Lo sabe perfectamente. Si hubiera estado tranquilo, si no hubiera intentado hacer daño, posiblemente nadie se habría movido.

P. ¿Y a qué se refieren las dos terceras partes ocultas?

R. A lo mismo que ya se ha conocido, pero con mayores cuantías.

P. ¿Puede ser más explícita?

R. Se trata de una factura de su vivienda que no pagó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de junio de 2011