Europa tumba las ayudas fiscales

El Tribunal de Justicia de la UE no ha tenido compasión con el régimen de incentivos fiscales que las haciendas vascas aprobaron en la década de los noventa para beneficiar a empresas de nueva creación. La Corte de Luxemburgo confirmó ayer, en una sentencia que es firme, la ilegalidad de las denominadas vacaciones fiscales, como solicitaba la Comisión Europea (CE), un auténtico varapalo judicial para las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tras más de una década de litigios. La resolución zanja el debate sobre la legitimidad de las ayudas fiscales, pero abre un nuevo proceso judicial que determinará si las instituciones vascas deben pagar la multa de más de 40 millones de euros que ha propuesto Bruselas por no haber recuperado la totalidad de los incentivos que concedieron a las empresas.

El máximo tribunal europeo no ha aceptado ninguno de los 10 motivos invocados por las haciendas vascas para defender los incentivos. Estas alegaron que el Ejecutivo comunitario alargó en exceso el procedimiento -declaró ilegales las ayudas en 2001, más de seis después de la primera denuncia presentada por La Rioja- y que su silencio durante este periodo permitió a las empresas acogerse a la normativa que entonces estaba vigente en la "confianza legítima" de la legalidad de la misma.

La Corte concluye que si el proceso se demoró tanto fue porque las Diputaciones contribuyeron a ello "con su falta de colaboración y al no notificar las ayudas". "Cuando un Estado miembro se muestra reacio a aportar a la Comisión la información oportuna, no puede invocar la confianza legítima" de la regularidad de las ayudas, dice la sentencia.

Las vacaciones fiscales, ahora ilegales a todos los efectos, se otorgaron en 1993 y 1994 mediante exenciones del Impuesto de Sociedades durante 10 años a las empresas nuevas si invertían más de 480.810 euros y creaban al menos 10 empleos. El mismo tribunal tiene pendiente fallar sobre otras dos medidas controvertidas, como son el crédito fiscal del 45% y las conocidas como minivacaciones fiscales, aunque el pronunciamiento no puede diferir mucho de la sentencia conocida ayer. Las haciendas vascas se han resistido siempre, de ahí las quejas reiteradas de la Comisión, a cuantificar el número de empresas que se beneficiaron de estas ayudas y el importe que totalizan las mismas. Se calcula que fueron unas 300 compañías y alrededor de 700 millones concedidos.

Las Diputaciones seguían insistiendo ayer en que la última sentencia no tiene ningún efecto práctico, puesto que los incentivos ya han sido recuperados en su integridad, algo en lo que discrepa frontalmente el Ejecutivo europeo. Por ello, Bruselas ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo solicitando que se imponga una multa que supera los 40 millones al Reino de España por no cumplir con esta exigencia. Esta es la próxima gran batalla judicial que deberán afrontar las instituciones vascas, si no consiguen demostrar y convencer antes a la Dirección General de Competencia de que han hecho los deberes.

Además, Luxemburgo condena a las tres Diputaciones y al Gobierno a pagar "a partes iguales" las costas de los recursos de casación, y al Reino de España a asumir sus gastos judiciales.