Comuneros de Vigo cobrarán 7,5 millones por el suelo de Peinador

La comunidad de montes de Cabral, en Vigo, vio ayer el "final feliz" de 10 años "de lucha" -litigios judiciales, manifestaciones contundentemente disueltas por la policía, detenciones y multas- para hacer valer su titularidad sobre una parte de los terrenos que ocupa el aeropuerto de Peinador, 242.000 metros cuadrados (a los que se sumarán otros 8.600 para adecuarlo a las normas técnicas de diseño y operación) por los que la comunidad de montes recibirá 7,5 millones de euros.

El Ministerio de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de abrir a exposición pública el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos que ocupa el aeropuerto a fin de lograr la "regularización patrimonial y adecuación del campo de vuelo, así como para permitir el desarrollo del Plan Director". El proyecto de expropiación forzosa, según señala el propio anuncio del BOE, es necesario para regularizar la situación de los terrenos ocupados y se justifica "por causa de utilidad pública prevalente a los propios montes vecinales".

Esta formalización de las expropiaciones, después de medio siglo de ocupación real, se centra en la comunidad de montes de Cabral, que no era la única propietaria del suelo, pero sí la única que reclamó ese derecho. El aeropuerto ocupa en torno a un millón de metros cuadrados que, además de la de Cabral, pertenecían a otras comunidades de Mos y Redondela, que rehusaron litigar por las compensaciones.

El pago de los terrenos se fijó hace 10 años en 16 euros el metro cuadrado, pero esta tasación fue recurrida por Fomento e inició entonces un litigio que, después de varias sentencias que respaldaban las peticiones de los comuneros, concluyó en diciembre pasado con un compromiso entre las dos partes, Aena y la comunidad de montes, por el que los terrenos serán pagados como pedían la comunidad, a 30 euros el metro cuadrado.

El del aeropuerto no es el único litigio que la comunidad de montes de Cabral, a la que pertenece un millar de asociados, mantiene con Fomento. El ministerio también tiene pendiente el pago, estipulado en sentencia firme, de 670.000 euros por ocupar 8.000 metros cuadrados comunales con la construcción, en 1996, del enlace de la autopista AP-9 con la autovía Rías Baixas. El incumplimiento de esta sentencia y la ocupación de otros 20.000 metros cuadrados para rotondas del aeropuerto fue lo que motivó las movilizaciones de hace tres años, señaladas por cargas policiales y una lluvia de sanciones gubernativas.