Principio de acuerdo entre PP y PSOE para despolitizar TVG

Cuando la ley que pretenden aprobar el Partido Popular y el PSdeG, cuyos términos están pactados y redactados por escrito, entre en vigor, el futuro director general de la Compañía Radio Televisión de Galicia será elegido -por primera vez en 26 años de existencia de los medios públicos gallegos- por consenso, con mayoría de dos tercios en el Parlamento en primera votación, o de tres quintos en la segunda-. Tendrá un mandato de cinco años, total independencia y solo podrá ser reelegido una vez. Y los cargos políticos designados por los distintas formaciones abandonarán el Consejo de Administración de CRTVG (donde ya no podrá haber cargos electos ni representantes de la dirección de los partidos) que verá reducidos sus miembros de 12 a seis. Uno de ellos será el director general.

A diferencia de lo que sucede ahora, los profesionales "de acreditada experiencia profesional y reconocido prestigio" que integren el consejo prestarán dedicación exclusiva (en la actualidad no es obligatorio, pese a los 80.000 euros brutos de salario anual) a este organismo y no podrán tener "intereses directos ni indirectos en empresas de comunicación".Según estipula el texto que resume el principio de acuerdo al que han llegado populares y socialistas, pendiente todavía de la ratificación por los líderes de ambos partidos, "la condición de consejero de CRTVG será incompatible con la de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política y con la pertenencia a organismos de dirección en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales". El acuerdo fue alcanzado por el popular Pedro Puy y los socialistas Xoaquín Fernández Leiceaga y José Manuel Lage.

Este requisito supondría la salida de este organismo del alcade popular de Verín, Juan Manuel Jímenez Morán, la secretaria de organización del BNG, Montse Prado, y su compañero de partido, Manuel Antelo, secretario de acción municipal en la formación frentista, e incluso de Juan Carlos Araújo Rodríguez, sindicalista de UGT propuesto para ese cargo por el PSdeG. También desaparece el consejo asesor de RTVE.

Entre las competencias del consejo de administración, cuyos miembros solo podrán aspirar a dos mandatos de cinco años cada uno, estará el establecer "los criterios rectores de la dirección editorial de la corporación, ratificar los nombramientos de los directivos a propuesta del director general y vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada por el mandato marco y el contrato programa del ente público".

Los principios que comparten tanto populares como socialistas para despolitizar los medios públicos apuestan por dotar al director de la futura corporación (el actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, como todos los anteriores, fue designado por el Gobierno) de "absoluta independencia, sin que pueda recibir instrucciones, ni directrices o cualquier clase de indicación imperativa ni del Gobierno, ni de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los partidos políticos o de otras instituciones o entidades".

Para lograrlo, cada mandato será de cinco años (no coincidirá con la duración de una legislatura) hasta un máximo de 10, en que deberá ser sustituido. Si el principio de acuerdo de PP y PSOE logra el aval de la cúpula de los partidos esta semana podría ser debatido en el Parlamento como una propuesta conjunta de ambos en el actual período de sesiones. De lo contrario tendría que aguardar a después del verano. Sea como fuere, la disposición transitoria del texto que manejan ambos partidos establece que, tras la aprobación de la ley, deberá nombrarse al nuevo consejo de administración y al futuro director general de CRTVG en los seis meses siguientes a su promulgación. Este artículo implica que los medios públicos tendrán una dirección independiente antes de las siguientes elecciones autonómicas, tal y como comprometió el PP en su programa electoral.

Además, la futura ley prevé la cración de un Consello de Informativos y un estatuto profesional de RTVG para que los propios profesionales de la televisión y la radio pública "puedan velar por independencia y la veracidad de los contenidos informativos" siguiendo el modelo de RTVE. La actual Compañía Radio Televisión de Galicia simplifica su estructura basada en las distintas sociedades y pasa a integrar una única corporación. La norma impide externalizar o privatizar los servicios informativos pero no "elementos accesorios a la cadena de producción".