Una ley franquista exime a Audasa de pagar 4,9 millones en impuestos a los ayuntamientos

La Autopista del Atlántico nació exenta de pagar el 95% de las tasas del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que recaudan los ayuntamientos gracias a una ley de 1972 firmada por el dictador Francisco Franco. La concesionaria de la AP-9 desde 1973, Audasa, paga a la treintena de municipios por los que pasa la autopista unos 25.000 euros de los cinco millones que debería pagar cada año de IBI, según los cálculos del BNG. El senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza reclamó ayer a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reclamó ayer "voluntad política" al Gobierno central para compensar estos "privilegios" que tienen algunas concesionarias de autopistas -la ley establece que la Administración puede elegir para cada caso la exención que quiera- en un momento, dijo, en el que las arcas locales necesitan ingresos. Por ello, pidió a Salgado que el Gobierno que cree un fondo para compensar en los presupuestos de 2010 a estos ayuntamientos y que estudie una fórmula legal "que termine con estos privilegios". Pérez Bouza remarcó que la

La respuesta de la vicepresidenta fue concisa y no entró en el debate. Se limitó a defender que el Gobierno no tiene obligación legal de compensar a los municipios y esgrimió varias sentencias del Tribunal Supremo al respecto para mantener su postura. "Conocemos la legalidad vigente pero esto es una cuestión de voluntad política, de corregir una merma de fondos a los ayuntamientos y no hay nada que impida al Gobierno incluir una partida compensatoria en los presupuestos de 2012", replicó.

En Galicia, la única vía que no paga el 95% del IBI es la AP-9. "Son unos privilegios que en su momento se podían entender pero que a día de hoy son un escándalo", defendió. Estas bonificaciones se preveían en la ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión de 1972 como un mecanismo para promover la construcción de autopistas concretas y se mantenían a lo largo de toda la concesión. "Ya está amortizada su construcción y ahora genera muchos millones", criticó Pérez Bouza.

Son muchos los litigios que afronta o afrontó el Estado promovidos por ayuntamientos que querían recuperar el pago de este impuesto. Pontevedra lleva años reclamando pero su recorrido judicial terminó el pasado mes de abril en el Tribunal Supremo que, pese que a otras instancias le dieron la razón al municipio, decidió que el Gobierno central no tiene que compensar a los ayuntamientos porque hay una ley que lo respalda. Diecisiete municipios de A Coruña siguen reclamando en los juzgados tres millones de euros de contrapartida. "Judicialmente no hay nada que hacer", admite Pérez Bouza, pero remarca que el fondo de compensación es "asumible" para el Estado.