Más libertad comercial

Una vez conocidos los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, los representantes de los distintos grupos de comerciantes (grandes, medianos y pequeños) se acercan estos días a los partidos políticos vencedores para intentar modificar la legislación sobre libertad comercial o mantener la actual situación.

España en su conjunto, y especialmente algunas comunidades autónomas, tiene una excesiva y estricta regulación comercial que "genera numerosas barreras para la competencia e impide la modernización del sector y el aumento de su productividad", según distintos informes de la OCDE, el FMI o la Comisión Europea. En la situación actual de crisis, con el consumo en números rojos y el desempleo en números negrísimos, sería conveniente liberalizar el comercio para adaptar su regulación por lo menos a la Directiva Europea de Servicios, que España no cumple.

Ninguno de nuestros socios de la UE ha ignorado, como España, la Directiva de Servicios

Diversos organismos denuncian las barreras a la competencia de la actual legislación

El sector comercial español representa en torno al 15% del PIB, el 5% del valor añadido bruto (VAB) y cerca del 10% del empleo en España. Unas cuotas nada despreciables que, en números absolutos, suponen 1,8 millones de puestos de trabajo, repartidos entre las grandes superficies, los supermercados de distinto tamaño y los más de 800.000 pequeños comercios abiertos en toda España. La regulación comercial española ha sufrido importantes modificaciones en los últimos 25 años, hasta llegar a la actual situación de "sobrerregulación", en la que actúan tanto el Estado como las CC AA.

En medio de todo ello, una durísima lucha entre las grandes superficies y los medianos y pequeños comercios. Los primeros abogan por la máxima liberalización posible y cuentan con el apoyo de la gran mayoría de los consumidores, mientras que los segundos buscan una regulación que les proteja de la competencia, y tienen como aliados a los sindicatos y a los partidos nacionalistas, que se aseguran el voto de los pequeños comerciantes a cambio de cerrar el paso a las grandes superficies. En definitiva, Competencia y consumidores quieren horarios más flexibles, mientras que tenderos y CC AA se resisten.

Vayamos a la historia. La primera gran reforma comercial en la España de la democracia la realizó Miguel Boyer, como vicepresidente económico del primer Gobierno socialista, mediante el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 abril, de medidas económicas. Supuso un gran avance liberalizador del sector, sobre todo en horarios comerciales, en donde dejaba plena libertad. La respuesta no se hizo esperar por parte de algunas comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de comercio, que restringieron esa libertad.

El conflicto acabó en el Tribunal Constitucional y forzó una nueva legislación nacional, el Real Decreto-Ley 22/1993, que establecía en un mínimo de 72 horas semanales y al menos ocho domingos o festivos como horario de apertura de los comercios. Posteriormente, en 1996, la Ley de Comercio Minorista consolidaba esas limitaciones, aunque abría la puerta a que las CC AA regularan la actividad comercial.

A partir de ese momento, algunos Gobiernos autónomos iniciaron una escalada regulatoria para defender a los pequeños comerciantes y cerrar el paso a las grandes superficies. Surgieron entonces la denominada "segunda licencia" (licencia comercial autonómica), las tasas de apertura y las restricciones en los horarios y días de apertura. El anuncio de medidas liberalizadoras en junio de 2000 llevó a algunas CC AA a aumentar el número de días festivos de apertura comercial de 8 a 12, aunque a partir de 2006 se volvió a producir una marcha atrás hasta los 8 días. En estos momentos, algunas CC AA han abierto más la mano: Madrid, con 22 días, Murcia (10), Canarias (9) y Melilla (9) están por encima de los mínimos del resto.

La verdad es que si viajamos por la legislación de los países desarrollados, vemos que Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Portugal e Italia tienen una regulación (o no regulación) muy liberal al respecto, mientras que Alemania o Francia tienen mayores restricciones al comercio, aunque ninguno como España. Además, ninguno de nuestros socios se ha atrevido a ignorar la Directiva de Servicios Europeos, que establece claramente que no se puede limitar la implantación de una gran superficie en función de criterios económicos, sino solo por criterios de orden público, urbanismo o medio ambiente.

Esta situación ha llevado a que en los últimos años se hayan producido diversos informes de importantes organismos criticando la situación. Destacan el de la Comisión Nacional de Competencia española de 2009, que, tras criticar la licencia comercial autonómica y la restricción de horarios, proponía eliminar la prohibición de venta de mercaderías en establecimientos financieros, modificar el régimen de fijación de precios por parte del Gobierno, eliminar la regulación de la prohibición de venta a pérdida y la restricción de las rebajas a periodos determinados.

El Banco de España recogía en un extenso informe las opiniones de organismos internacionales, como el FMI y la OCDE, para concluir que "la regulación ha sido clasificada como generadora de numerosas barreras a la competencia, por lo que es habitual encontrar entre las recomendaciones de estos organismos la liberalización del sector". Añade el informe que "la regulación del comercio mayorista puede generar efectos significativos sobre variables como los precios, el empleo o la productividad". Y enumera las principales restricciones existentes en las CC AA: horarios comerciales, temporada de rebajas, definición de gran superficie, exigencia de licencia autonómica a las tiendas de descuento duro, moratorias comerciales o impuestos específicos a las grandes superficies.

Para hacer la propuesta de debate de esta semana, quiero utilizar un informe de McKinsey y FEDEA en el que destaca la necesidad de liberalizar el comercio minorista en España actuando sobre tres aspectos: 1. Adecuar los horarios al estilo de vida y las demandas de los consumidores; 2. Reducir el exceso de barreras de entrada (burocracia de registros, licencias y permisos), y 3. Orientar la mano de obra a las necesidades de la demanda.