Los abogados proponen 10 soluciones al colapso judicial

La justicia "es incapaz de resolver los asuntos en plazos razonables". Lo saben los ciudadanos (el 76% opina que el sistema funciona mal o muy mal y señala la lentitud como principal problema) y también los abogados (de quien es el entrecomillado), los jueces y otras categorías profesionales de la Administración de justicia que en los últimos meses han levantado la voz ante la situación. Ayer fue el turno del Colegio de Abogados de Valencia, que presentó un plan de choque para hacer frente al "colapso" judicial. Se trata, dijo el decano Mariano Durán, de un decálogo de "soluciones posibles" y de un primer paso para la elaboración de un Libro Blanco de la Justicia en el que el organismo quiere implicar a otros agentes.

El primer problema, señalan los abogados, es el exceso de litigiosidad: discusiones de vecinos que llegan a los tribunales, activan la maquinaria judicial y se saldan con una multa "sin resolver nada", dijo ayer Durán, porque la disputa se mantiene tras salir del tribunal. El colegio propone despenalizar las faltas; incrementar el número de jueces; potenciar el arbitraje y la mediación como alternativas e implantar con mejoras la nueva oficina judicial.

Recursos insuficientes

Faltan recursos: según el colegio, España destina un 1,1% al sistema judicial frente al 3% o 4% de países del entorno. Su solución pasa por que el Gobierno y la Generalitat valenciana prioricen una partida "realista" en sus presupuestos; y por introducir las tecnologías de la información y la comunicación (en una Administración que funciona con legajos) para mejorar la eficiencia, ahorrar costes, e conectar a los juzgados entre sí y con la base de datos de la policía. Un paso posible y sencillo, afirmó Durán, sería instalar fotocopiadoras con escáner, lo que permitiría guardar los expedientes en un pen drive y ahorrar en folios.

La abogacía considera necesario aumentar su peso en la toma de decisiones sobre la justicia; reducir la interinidad (un 20% de los jueces españoles son sustitutos); mejorar el modelo de gestión a tres bandas del sistema; dar autonomía económica al Consejo General del Poder Judicial (hoy depende de los Gobiernos central y autonómico); invertir en mejorar la imagen de la justicia; unificar criterios en juzgados y audiencias; crear un Observatorio de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, y reforzar el escasamente dotado turno de oficio.