Baiona protege por primera vez su dañado casco histórico

El pleno municipal de Baiona aprobará hoy previsiblemente el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (Pechab) cuya urgencia es compartida por todos los grupos, pero no con las prisas que impone el Gobierno en funciones y que podrían afectar a la seguridad jurídica del documento. "Si hemos esperado décadas, no entendemos que no se pueda esperar un par de meses más", afirma Isabel Domínguez, futura portavoz socialista en la corporación y cuyo grupo votó favorablemente el plan en comisión. El BNG, que se abstuvo, aduce los mismos motivos para considerar "muy sospechosas" las prisas del Gobierno en funciones: hoy pedirá que el asunto quede sobre la mesa para que lo examine y tramite la próxima corporación.

Unos 300 edificios incumplen normas a las que están sometidos

"Lo aprobamos porque hemos pasado todo el mandato trabajando intensamente en él, con el apoyo de todos los grupos y porque contamos con todos los informes favorables", explica el alcalde, Jesus Vázquez Almuíña, que lo seguirá siendo en el actual mandato después de obtener el 22-M dos concejales más, que le dan una holgada mayoría absoluta (10 de los 17 ediles de la corporación). Hoy lo aprobará con el apoyo del independiente Manuel Ramón Vilar, en cuya etapa de alcalde, durante 12 años, hasta 2003, se cometieron los principales desafueros contra el casco histórico.

El propio informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, con fecha de 5 de mayo último, favorable después de otros tres anteriores que no lo fueron, da cuenta tácita de los despropósitos. Así, por ejemplo, la demolición de seis edificios -la capilla de Santo Estevo entre ellos- que desaparecieron sin mayores consecuencias pese a su declaración como bienes de interés cultural.

El conjunto a proteger lo forman unos 400 edificios, de los que Patrimonio constata irregularidades en unos 300 (excesos de edificabilidad u ocupación, en alineamientos o cubiertas) y cuya subsanación, sin embargo, se emplaza a una comisión de seguimiento del plan, de la que formará parte la Dirección Xeral de Patrimonio y que decidirá puntualmente, en cada caso, en función de los proyectos de obras que sean presentados por los titulares de los edificios.

"Ahí da pie a la arbitrariedad y a una inseguridad jurídica que serían fácilmente subsanables introduciendo las modificaciones que correspondan a cada ficha, aunque esa labor requiera unos meses", apunta Domínguez.

El último informe de Patrimonio tampoco resulta coherente en algunos aspectos con otro anterior, de octubre de 2009, y pese a estar firmados ambos por el mismo director general, José Manuel Rey Pichel: en 2009, por ejemplo, denegaba la incorporación al Pechab de un área, Lagarteira, ilegalizada por el Tribunal Supremo y que ahora se admite con la apostilla "sin prejuicio del proceso de reposición de la legalidad". "Es un plan muy trabajado y transparente. Ningún otro se ha sometido a más exposiciones públicas y obtuvo 15 votos a favor y solo dos abstenciones", defiende Almuíña.