El Gobierno no encuentra responsables por el recurso extemporáneo contra Fabra

La Abogacía del Estado recurrió, fuera de plazo, la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se responsabiliza al aún presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El Ministerio de Justicia abrió una investigación, de la que se desconoce el resultado, y el Gobierno asegura ahora que no ha habido responsabilidad de ningún funcionario. Al menos así lo dicta la respuesta a la diputada de Iniciativa Nuria Buenaventura, después de que esta preguntara si el Gobierno iba a adoptar alguna medida ante "los posibles responsables de este error".

El Gobierno admite que el recurso se presentó fuera de plazo y apela, al igual que lo hizo la Abogada del Estado de Castellón, a que la Audiencia provincial había anunciado que su decisión no era recurrible. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular anunciaron su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, a los que la propia audiencia dio trámite.

Pese a que la Abogacía del Estado explicó que los intereses de la Agencia Tributaria (que son los que defiende esta parte) no quedaban mermados ya que podía adherirse a los recursos presentados por las otras acusaciones, en los que se pedía anular la prescripción, tal como indica la respuesta, el abogado general del Estado "dispuso la incoación de un procedimiento de información reservada que concluyó mediante un informe del que se concluye que no hubo responsabilidad de ningún funcionario".

Según el portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, "en este caso concreto, como en muchos relacionados con el caso Fabra, el ritmo e implicación del Gobierno central, de la Abogacía del Estado y de la fiscalía es exasperado, dejando pasar un tiempo precioso".