El CGPJ critica al Consell por no abrir 15 juzgados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticó ayer a la Generalitat valenciana por su decisión de no poner en marcha 15 juzgados que se había comprometido a abrir antes del 30 de junio en el marco del plan de agilización de la justicia diseñado por el Gobierno.

El poder judicial estudió la cuestión en su comisión permanente y acordó darse por enterado del decreto del Ministerio de Justicia que deja en suspenso la apertura de las 15 nuevas unidades judiciales. La razón, señalaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, es que la Generalitat ha alegado carecer de dinero para ponerlos en marcha. La situación es grave, señalaron fuentes del CGPJ porque la Comunidad Valenciana es una de las autonomías que mayor sobrecarga arrastra en sus juzgados. "Pese a que aceptamos que la situación económica hace difícil la inversión, lo que no se entiende es que no se priorice la Administración de Justicia en esa zona", señalaron las mismas fuentes.

A las críticas similares que han manifestado en las últimas semanas distintos sectores de la justicia, se unió ayer el sindicato CSIA-F, que instó al Gobierno valenciano a priorizar la inversión en justicia; la saturación actual, afirmó, "provoca que los empleados públicos estén desbordados y no puedan atender con la eficacia que desearían a los usuarios".La Generalitat emitió un comunicado en el que pedía al CGPJ que mediase ante el Gobierno para que financiase la apertura de esos 15 juzgados. En la nota, la Consejería de Justicia aludió a que Cataluña ha recibido apoyo del Gobierno para implantar unidades judiciales en los últimos años. La valenciana ha sido la primera autonomía española que renuncia a la apertura de juzgados cuya constitución ya había sido acordada.

La Generalitat está teniendo graves problemas para sostener el funcionamiento de la Administración de justicia en aquellos ámbitos en los que ostenta la competencia. Otra prueba de ello es la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de una denuncia interpuesta por una empresa a la que el Consell adeuda 199.000 euros por el suministro de folios y demás material de oficina a los juzgados valencianos, que ayer adelantó El Mundo. La empresa Grama, con sede en Asturias, presentó la denuncia contencioso-administrativa a finales de 2010, y fue admitida a trámite mediante providencia hace unas semanas.

El peor pagador

El negocio de la empresa consiste en gran medida en proveer a Administraciones de todo el Estado y, según fuentes de la firma, el caso de la Generalitat valenciana "es único: tiene el dudoso honor de ser la que peor paga de España". Grama ha pasado serios apuros a causa del impago de la Generalitat, que ha puesto en peligro los puestos de 100 trabajadores, añadieron las fuentes.

El caso de esta firma es especial porque a pesar de ser proveedora del Consell no está radicada en territorio valenciano, lo que la hace menos dependiente de sus contratos. El problema de la morosidad se halla, sin embargo, muy extendido. Este periódico publicó en marzo que el propio director general de la Abogacía de la Generalitat aconsejaba a los empresarios que denunciasen directamente a los altos cargos (y no a una consejería o departamento en genérico) como forma para conseguir cobrar las deudas.

Hace dos meses fue Correos quien suspendió el servicio a los juzgados porque el Consell le debía 33 millones en sellos. La justicia atraviesa graves problemas por las deudas de la Generalitat a sus proveedores en un momento en que se dispone a decidir la suerte judicial del presidente valenciano, Francisco Camps, y de su círculo de confianza en el marco del caso Gürtel.