Economía aparta de sus funciones a los responsables del Igape imputados

La Xunta evitó tomar medidas contra los dos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) detenidos por presuntas irregularidades en las subvenciones hasta que no conociera sus declaraciones. El jueves salieron en libertad, aunque imputados. Y el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, habló con ellos ayer por la mañana. Según dijo, llegaron a un acuerdo para que sean suspendidos de sus cargos hasta que consigan demostrar su inocencia. Mientras, será el propio Guerra quien tomará las riendas del instituto.

"Ha sido una decisión muy dura, pero necesaria para que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa y para la institución", explicó Guerra. El director del Igape, Joaquín Varela de Limia, queda suspendido de sueldo y cargo por tener contrato de alta dirección. Pero su segundo, Carlos Silva, también imputado en la Operación Campeón por una supuesta trama para defraudar subvenciones, seguirá cobrando de la Xunta por ser personal laboral, aunque dejará de ejercer sus funciones de subdirector de Información Especializada del Igape.

Guerra defiende la inocencia de sus hombres y promete endurecer el control

"El trabajo que está realizando la institución no puede verse empañado por una situación que será temporal. Se demostrará la profesionalidad e integridad de Varela y Silva y quiero mostrar mi agradecimiento a ambos. El Igape seguirá como hasta ahora, transmitiendo confianza, con su apuesta por la innovación, internacionalización y mejora de la gestión empresarial. Se endurecerán los controles y se harán investigaciones internas", subrayó Guerra, quien resaltó que el hecho de que se haga cargo de la institución es un mensaje para destacar la importancia que la Xunta le da y la apuesta que hace por ella.

Guerra también hizo hincapié en los estrictos sistemas de control que están establecidos ahora para dar subvenciones y préstamos por parte del Igape: "Hay hasta cinco controles. Estamos seguros de que se trabaja con rectitud, honestidad y rigor. No podemos poner en duda todo el sistema".

Los responsables del organismo público están siendo investigados por la juez Estela San José por una supuesta trama de ayudas fraudulentas que tienen como epicentro Laboratorios Nupel, del empresario Jorge Dorribo, en prisión desde el miércoles. Ayer terminaron las declaraciones de los 15 detenidos el martes. Todos fueron puestos en libertad (imputados en la causa), excepto Dorribo, en la prisión provincial de Bonxe sin fianza.

La empresa Nupel ha obtenido 5,4 millones de euros desde 2006 entre subvenciones a fondo perdido y préstamos de la Xunta. Todavía no ha cobrado una ayuda de un millón de euros para el mismo fin validada por el instituto dependiente de la Consellería de Economía y cuya resolución favorable se publicó en marzo.

El conselleiro explicó que la ayuda que todavía no ha sido abonada no se hará efectiva -"solo faltaría"-, aunque no detalló el procedimiento administrativo para cancelar esta subvención que ya está aprobada. Con respecto al préstamo, aseguró que todavía no ha terminado el proceso de justificación. También dijo que está concedido con una hipoteca sobre las naves y la maquinaria de la empresa "que garantizan" el cobro. Guerra también apuntó que el proceso judicial se encuentra en secreto de sumario y que los expedientes no están en poder del Igape, sino de la juez instructora, por lo que no tienen acceso a toda la información necesaria para investigar las presuntas irregularidades.

Una fuente del instituto explicó que Varela les aseguró a los empleados que había sido él quien pidió ser apartado del cargo hasta que se resuelva la situación, a lo que algunos trabajadores aplaudieron. Un grupo de ellos envió un comunicado para expresar su "compromiso con el empresariado" y para denunciar el "juicio mediático" al que, según ellos, "se está sometiendo al organismo público". Ratificaron que esas ayudas "superan multitud de controles y auditorías públicas", tanto de la Xunta como del Consello de Contas, del Gobierno de España y de la Unión Europea, "sin que se detectase ninguna irregularidad".