El Consell reivindica su política urbanística tras la sentencia de la UE

El Consell anunció que el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, se reunirá el lunes con constructores, promotores, notarios y registradores de la propiedad para reclamar que se repare el "perjuicio y el daño causado" por quienes criticaron la política urbanística del PP y denunciaron en las instancias europeas la Ley Urbanistica Valenciana (LUV).

La iniciativa, anunciada ayer por la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, se sustancia tras conocerse el pasado jueves la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que el contrato entre un ayuntamiento y un agente urbanizador para ejecutar un PAI (programa de actuación integrada) no es público y no tiene necesidad de adecuarse a las directivas europeas.

EU advierte de que el fallo europeo no niega los miles de abusos urbanísticos

Sánchez de León criticó a quienes durante siete años han confundido "instancias jurídicas con fines políticos". "Han sido siete años de manipulación y de utilización de las normas y de las cuestiones técnico jurídicas para desprestigiar, restar credibilidad y atacar a la Comunidad Valenciana", señaló la portavoz, que hizo abstracción de los desastrosos efectos de la burbuja inmobiliaria y su impacto sobre las cajas de ahorro valencianas.

Sánchez de León criticó, especialmente, a TVE por haber emitido el 14 de enero de 2006 un Informe semanal titulado urbanismo bajo sospecha. "Los que contribuyeron a ese daño deberían reflexionar sobre las formas de reparar el daño causado", indicó.

Por su parte, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que fue uno de los principales responsables de la política urbanística del Consell al frente de la cartera de Urbanismo, aseguró que la sentencia demuestra que la LUV "fue un acierto" y criticó a la oposición por la "campaña de desprestigio".

El secretario de la Confederación Empresarial de Castellón (CEC), Rafael Montero, se sumó al discurso de la Generalitat y lamentó que el fallo del Tribunal de la UE se haya demorado tanto porque eso "ha causado muchos daños" y ahora es "muy difícil recuperar los inversores extranjeros".

El contrapunto lo puso el diputado electo de Esquerra Unida, Josep Lluís Torró, que anunció que su grupo trabajará para reformar la Ley Urbanística Valenciana y deshacer, así, su "gran error de fondo", que consiste en la privatización de la iniciativa urbanística, con el objetivo de evitar el "negocio salvaje" en el futuro. Torró argumentó que la sentencia "no niega" los miles de abusos urbanísticos sufridos por particulares como tampoco "el destrozo del territorio ante lo cual la Generalitat continúa siendo responsable". A su juicio, la sentencia "deja en evidencia el gravísimo vacío existente en la regulación valenciana, basado en haber privatizado la iniciativa urbanística con tal de dar luz verde al negocio salvaje".