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Archivado el caso del etarra que tenía el móvil del director de la Policía

El juez tiene en cuenta el proceso de paz autorizado por el Congreso

Tras su detención el 29 de marzo de 2007, después de saltarse un control policial en Francia, los agentes incautaron al etarra Juan Carlos Yurrebaso una cartulina en la que estaba escrito el teléfono del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo. El miembro de ETA, que dijo a la policía que era negociador de la banda en el proceso de paz, declaró que ese número debía servir de salvoconducto para ser inmediatamente liberado en caso de que fuera detenido.

La investigación abierta por esos hechos contra García Hidalgo por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista -que se sumó como pieza separada a la investigación del chivatazo del bar Faisán- fue archivada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El magistrado entiende que, con las pruebas obtenidas hasta el momento, no se puede corroborar la versión del etarra.

Ruz constata que García Hidalgo no llamó al etarra desde ese teléfono

Ruz recuerda en su resolución que en los informes sobre las llamadas realizadas desde el móvil de García Hidalgo constan "comunicaciones de carácter institucional (...), de índole política, mantenidas con miembros del Partido Socialista de Euskadi (...) y familiares", pero ninguna realizada a los etarras que portaban su número. El magistrado también explica que, según Interior, ese móvil no pertenecía al ministerio ni García Hidalgo tuvo nada que ver con la negociación con ETA.

Pero, además, el juez tiene en cuenta el argumento del fiscal de que esos hechos podrían enmarcarse en "un proceso de conversaciones entre el Gobierno de España y la banda terrorista ETA con la finalidad de conseguir el final de su actividad armada", en el que Yurrebaso podría, efectivamente, ser un negociador. Ese proceso, recuerda Ruz, "contó con la autorización del Parlamento español". El ministerio público subrayaba que el Supremo ha negado, al menos en dos ocasiones, que puedan ser criminalizadas "las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social".

Se trata del mismo argumento al que recurrió el magistrado de la Sala Penal José Ricardo de Prada para negar la existencia de colaboración con ETA en el caso del chivatazo del bar Faisán. De Prada lo incluyó en un voto particular contra la resolución de sus compañeros de tribunal que, sin embargo, sí apreciaron indicios de ese delito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de mayo de 2011