Los jueces preparan la causa por la financiación de Camps

El Tribunal Superior de Justicia valenciano anunció ayer que la semana que viene proseguirá la deliberación sobre si acepta la segunda inhibición dictada por el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. El magistrado trasladó en dicha inhibición los múltiples indicios, recabados durante la instrucción, de que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron dos delitos electorales (financiación ilegal de las últimas campañas autonómicas y generales) y varios de cohecho y prevaricación en el transcurso de sus largas relaciones con la trama corrupta.

Este diario publicó ayer que una amplia mayoría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV), formada por cinco magistrados, se inclina por asumir la inhibición, y que ello supondrá la imputación del círculo de confianza de Camps en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La información no fue desmentida ni matizada por el tribunal. El TSJCV comunicó a través de Twitter que la próxima semana continuará deliberando. Pero el lunes no lo hará, indicaron fuentes del órgano judicial, porque uno de los magistrados tenía un compromiso cerrado ese día fuera de Valencia. Ello hace pensar que el auto resolviendo la inhibición no se publicará, al menos, hasta finales de la semana que viene.

Los magistrados se inclinan por imputar a la cúpula del PP valenciano

Los magistrados no solo deben decidir si asumen la inhibición, sino también cómo enjuiciar los supuestos delitos que constan en ella: pueden optar por abrir una o varias causas. Si se inclinan por esta última opción, la instrucción de los casos podría repartirse entre el TSJV y otros tribunales. La resolución de la Sala Civil y Penal está resultando compleja porque Pedreira acompañó la inhibición con 68 DVD repletos de documentos, que los magistrados han tenido que revisar para tomar la decisión.

Según la investigación, respaldada por testigos, registros en despachos y propiedades de la red, intervención de las comunicaciones de los líderes de la trama, informes de la Guardia Civil, la policía, la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y otros organismos, las empresas de Francisco Correa saquearon las arcas públicas valencianas mediante la adjudicación irregular de contratos de numerosas consejerías y de la televisión autonómica, Canal 9. Y, al mismo tiempo, la red mafiosa habría colaborado electoralmente con el PP valenciano, presidido por Camps, al servir de vehículo a las aportaciones que ocho constructoras hacían a sus campañas electorales. Dichas constructoras, entre las que figura Sedesa, propiedad entonces de la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, eran a su vez contratistas de obras millonarias del Gobierno valenciano.