La antesala de la 'berlusconización'

El PP afronta las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana después de 16 años de Gobierno en la Generalitat sin mostrar apenas desgaste en el ejercicio del poder. Todas las encuestas señalan que revalidará la mayoría absoluta conseguida en las tres pasadas elecciones (incluso crecería en escaños) a pesar de presentar a un candidato a la presidencia de la Generalitat al borde del banquillo por cohecho. Es difícil pensar que ello fuera posible sin la gran habilidad que los populares han demostrado en el control de los resortes que permiten mantenerse en el poder.

De todos estos aspectos, hay dos en los que los populares valencianos han demostrado una especial destreza: el clientelismo y la anulación de los movimientos sociales opuestos a través del impulso (y financiación con fondos públicos) de un movimiento asociativo afín.

Los populares han tejido redes sociales que controlan con dinero público

En el primer caso se enmarca el comportamiento del presidente de la Diputación de Castellón desde 1995, Carlos Fabra, imputado por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. En una conversación ante militantes en la campaña de 2007 grabada por la Cadena SER, sin pretenderlo, dio una lección magistral sobre las modernas relaciones de vasallaje de la política clientelar del siglo XXI. "El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...). Y toda esa gente es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", manifestó. Él mismo se puso de ejemplo. "Yo no sé la gente que habré colocado en 12 años. Pero entre Penyeta

[un complejo socio educativo de la Diputación], el hospital, la Diputación, el puerto... ni sé".

Si Fabra es el exponente del clientelismo clásico, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, es el especialista en "la creación de tramas cívico-políticas" para reforzar el dominio del PP, como recoge el libro El Secuestro de la Democracia (Akal), una obra que disecciona las estructuras sobre las que se sustenta la hegemonía del PP valenciano.

Dicen los manuales de sociología y de ciencia política que una democracia consolidada es aquella que cuenta con una sociedad civil fuerte, articulada y capaz de transmitir sus inquietudes a la clase política, hasta el punto de influir en la toma de decisiones. En la Comunidad Valenciana el tejido social -con notables excepciones como el sector educativo o la plataforma en defensa de la ley de la Dependencia- no solo es débil. En ocasiones también es impostado, surgido de extensiones del poder político que utiliza (o crea) estas entidades para ocupar el espacio social de las voces discrepantes y dar trabajo a personas de su entorno.

Existen numerosos ejemplos de esta práctica. Entre los primeros, bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana, se encuentra la ofensiva del PP para controlar el conglomerado formado por federación vecinal Favcova y la entidad Central Ciudadana que le costó 12,5 millones en subvenciones públicas. También por entonces se estrechó la colaboración con la Asociación de Amas de Casa Tyrius, que ha obtenido ayudas de la Generalitat por más de seis millones de euros. La presidenta de esta entidad, de la que forman parte 140.000 mujeres, lleva cuatro legislaturas como asesora remunerada de la Presidencia de la Generalitat.

Más recientes son los casos del apoyo al movimiento gitano. La Federación de Mujeres Gitanas, las Federaciones Gitanas, dirigidas por Manuel Bustamante, diputado del PP, y entidades afines han recibido 7,5 millones en las últimas legislaturas. Estas asociaciones han premiado a Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por haber hecho "muchas cosas por la ciudad y los gitanos". Casos más recientes son la aparición de coordinadoras de asociaciones de inmigrantes y de ONG como alternativa a las plataformas oficiales, combativas con la política de la Generalitat.

Hace dos semanas, la directora del periódico italiano L'Unità, Concita de Gregorio, advirtió de los riesgos del abuso de poder. No fue un aviso en abstracto. La Comunidad Valenciana podría estar en una etapa inicial de berlusconización. Y, añadió, si no se pone freno a prácticas como el clientelismo o la corrupción, el resultado podría ser el de un régimen similar al italiano en 15 o 20 años.