La Junta desbloquea el pago a miles de prejubilados de los ERE

La angustia de miles de prejubilados que no cobraban sus pólizas desde la pasada Navidad acabó ayer. Finalmente, tras interminables reuniones y tiras y aflojas entre la Consejería de Empleo y los sindicatos, ayer terminó una desesperante negociación cuyo desenlace ha florecido bajo la presión de las protestas de los extrabajadores y en plena campaña electoral. Los más de 2.000 prejubilados, cifra que no confirmó Empleo y que los sindicatos duplicaron ayer hasta los 4.000, cobrarán la semana que viene tras encontrar una fórmula ansiada por todas las partes.

La Junta abona en estos momentos pólizas a unos 6.000 extrabajadores incluidos en 68 expedientes de regulación de empleo (ERE), y más de la mitad de estos exempleados han sufrido problemas para cobrar en los últimos meses. El acuerdo supone una solución intermedia entre las exigencias de Empleo, que pedía a los prejubilados que presentaran solicitudes individuales para reactivar el cobro de sus pólizas, y los sindicatos, que se negaron en redondo por el riesgo implícito de dejar de cobrar las ayudas. De este modo, Empleo abrirá un expediente administrativo por cada póliza de pago para contar con todas las garantías necesarias, explicaron fuentes de la Consejería. Pero los extrabajadores deberán demostrar documentalmente su derecho a percibir la póliza, aunque sin presentar las solicitudes individuales. Para hallar esta solución, otras consejerías como Hacienda y Presidencia se implicaron junto a Empleo y los servicios jurídicos de la Junta.

El acuerdo es una solución entre la exigencia de Empleo y de los sindicatos

Los pagos se reactivan la próxima semana excepto para los 72 intrusos

"La noticia es estupenda si la Junta cumple, ya que nos despejaría el futuro a largo plazo. Teníamos dinero hasta 2015, pero ahora parece que por orden directa de Griñán pagarán también los 4,5 millones que prestamos a Empleo", aseguró Rafael Torres, prejubilado de la empresa malagueña Hitemasa. Hasta que se ejecute la solución prevista, los impagos afectan a prejubilados ubicados por todo el territorio en empresas como las bodegas González Byass y Zoilo Ruiz Mateos en Jerez, Delphi en Cádiz, Springer Arteferro en Dos Hermanas o Minas de Alquife en Granada.

El desbloqueo de los pagos no afectará a los 72 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), que seguirán sin percibir sus pólizas, además de otras 111 personas cuyos expedientes presentan discrepancias administrativas, pero que Empleo no supo precisar ayer si siguen cobrando o no. La reactivación de los pagos de la Junta, que adeuda a las aseguradoras unos 300 millones, supondrá que los prejubilados perciban los atrasos de los últimos cuatro meses pendientes.

La salvedad a estos acuerdos es la aseguradora belga Apra Leven, ya que al estar en administración concursal, las pólizas deberán ser trasladadas a otras aseguradoras, según recomendaron a Empleo los técnicos de la Secretaría de Estado de Hacienda.

"Ha sido complejo desde el punto de vista administrativo porque había que discernir y depurar quién era presunto intruso y quién no, dentro de los expedientes", alegó Recio tras finalizar la reunión con Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, líderes de UGT y CC OO. "Hay dos elementos de seguridad, de forma que cada beneficiario sabe exactamente lo que cobra y a partir de la semana próxima volverá a cobrar exactamente lo mismo y con regularidad mensual", insistió Recio. A la salida, ambos líderes sindicales defendieron satisfechos la tramitación de los ERE en los que participaron de manera activa, frente a los ataques desde el PP.

Para Pastrana, el problema está "solucionado" excepto para los intrusos y subrayó que los trabajadores no deben ser víctimas de los trámites administrativos. "No hay que llevar al límite a trabajadores y sus familiares", dijo. El líder de UGT censuró la trascendencia que ha adquirido el caso de los ERE fraudulentos, con "consecuencias desastrosas" para la imagen de la comunidad. Pastrana defendió que no es lícito "criminalizar" a la Administración andaluza, ya que esto afecta al PSOE, pero también a la propia imagen de la región.

Mientras, Carbonero también hizo hincapié en demandar una fórmula para agilizar el pago de los atrasos. "Sospechar de toda la acción administrativa y política de Empleo significa obstaculizar las medidas para evitar la pérdida de calidad de vida de los trabajadores", criticó el dirigente sindical.