El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley de muerte digna

El Ministerio de Sanidad va a presentar hoy al Consejo de Ministros el proyecto de ley de muerte digna, una norma que pretende aclarar los derechos de los pacientes en situación terminal, y las obligaciones del personal sanitario que los atiende. La norma consagra los derechos a renunciar a un tratamiento médico y el uso de sedaciones terminales aún a costa a acortar la agonía y acelerar la muerte.

Hasta ahora, estos derechos estaban recogidos en la ley de autonomía del paciente de 2002, pero casos como el de Inmaculada Echevarría, que tuvo que esperar seis meses para que la desconectaran del respirador que la mantenía con vida, han aconsejado a elaborar otra ley más concreta.

La norma, que ahora debe ir al Parlamento, no regula la eutanasia ni la ayuda necesaria al suicidio. Lo que hace, básicamente, es poner negro sobre blanco lo que en el ámbito de la atención al final de la vida se considera una buena práctica médica: tratar hasta que no hay esperanza, y aliviar el sufrimiento a partir de ese momento. Como novedades, se insiste en el derecho a la atención domiciliaria, y en que también los menores deben ser atendidos.

Respecto a los profesionales, no se contempla ningún tipo de objeción, ya que las prácticas reguladas están consideradas como parte del correcto proceder.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) calcula que en España hay cada año unas 250.000 personas que "precisan cuidados paliativos para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida perdida a causa de una enfermedad en fase terminal".