La 'comisión Margüello' culpa de las irregularidades a Inclán y su equipo

Las arcas públicas sufrieron un perjuicio económico y el anterior equipo de Sanidad, encabezado por el peneuvista Gabriel Inclán, tuvo responsabilidad y participación en las irregularidades que se han considerado demostradas. Ambas son las dos conclusiones principales del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria del caso Margüello, las irregularidades cometidas en la contratación de servicios sanitarios por Osakidetza entre 1996 y 2009 con un grupo de empresas vinculadas a José Carlos Margüello, exjefe de Calidad del Hospital de Cruces y amigo personal de Inclán.

La comisión ha debatido el informe preliminar durante 18 horas en los últimos dos días. Las irregularidades incluyen incrementos de tarifas por encima de lo habitual, incompatibilidades para contratar con personas que trabajaban en las empresas implicadas y en Osakidetza al mismo tiempo, prórrogas injustificadas de contratos, procedimientos de contratación inadecuados y una autorización a una empresa que no siguió el procedimiento administrativo habitual.

El pleno del Parlamento votará el dictamen final tras las elecciones

A última hora de ayer, la comisión aprobó finalmente el dictamen, una versión apenas modificada en lo sustancial del texto redactado por la presidenta de la comisión, la popular Laura Garrido. El dictamen final, que pasará ahora al pleno de la Cámara para su votación definitiva, incluye enmiendas de todos los grupos presentes ayer en el debate.

El texto salió adelante con los votos de PSE y PP, mientras que Aralar se abstuvo y PNV votó en contra. Ayer no participaron ni EA, representante del Grupo Mixto en el grupo de trabajo, ni su sustituto, UPyD.

La comisión ya había rechazado el martes el dictamen alternativo elaborado por el PNV, que negaba las irregularidades y todas las acusaciones. La propuesta peneuvista solo contó con el apoyo de sus proponentes, mientras que el resto de grupos presentes -PSE, PP, Aralar y EA- votaron en contra.

A lo largo del día de ayer, los parlamentarios debatieron las enmiendas parciales al dictamen provisional. Una de las principales incógnitas radicaba en si Aralar apoyaría el informe final, pues había presentado enmiendas que concordaban con la tesis defendida por socialistas y populares: hubo irregularidades que la anterior cúpula de Sanidad difícilmente pudo ignorar y un grupo de empresas se benefició económicamente de esas irregularidades. Finalmente, el representante de Aralar en la comisión, Dani Maeztu, optó por rechazar las enmiendas parciales del PNV, pero se abstuvo de un dictamen final que recoge la esencia de sus propuestas y evita aspectos más duros, como nombrar directamente a los responsables del caso como pedía el PSE.

El texto no será oficial y mantendrá el carácter secreto, aunque sus principales conclusiones ya se conocen, hasta que el Parlamento lo apruebe en un pleno ordinario después de las elecciones del 22 de mayo. Garrido explicó anoche que los grupos tendrán de plazo hasta el próximo lunes para presentar sus votos particulares, lo que significa que el dictamen final podrá sufrir cambios que abren de nuevo la puerta a dulcificar o endurecer sus términos.

Así culmina la comisión de investigación más larga de las abiertas en el Parlamento vasco. Sus trabajos comenzaron en diciembre de 2009 y sumó más de medio centenar de comparecencias de personas vinculadas a la contratación de servicios sanitarios o que habían realizado investigaciones en torno a ellas.

El caso Margüello se mantienen ahora vivo en dos juzgados de Bilbao, cuyos titulares instruyen causas en torno a diferentes aspectos de las supuestas irregularidades en Osakidetza. Una de sus derivadas, la acusación de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra el exdirector de Sanidad en Vizcaya José Ramón Elorriaga, ha sido sobreseída provisionalmente. El resto sigue en su fase de instrucción y se refiere a acusaciones de presunta malversación de caudales públicos, fraude o negociaciones prohibidas a funcionarios.