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La Fiscalía investigará las denuncias de impago de obras públicas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) anunció ayer que llevará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) casos concretos de expedientes de obra impagados por las distintas administraciones públicas. Según explicó ayer Enrique Figueroa, presidente de Ceacop, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se comprometió el pasado lunes a abrir diligencias indagatorias de los casos concretos que las empresas de obra pública, a través de Ceacop, les demanden, en los que haya indicios de algún tipo de irregularidad.

El propio fiscal confirmó ayer a este periódico que "investigará" los casos concretos que les demanden, aunque aclaró que no va a abrir una "investigación generalizada" de todas las obras públicas, "ni una auditoría penal de ninguna administración".

García Calderón explicó que si llega algún caso concreto: "Analizaremos la responsabilidad penal, civil, o contable, sin generalizar," que pueda derivarse. Asimismo, aclaró que hay obras que no cuentan con expediente y en las que falta el reconocimiento de deuda, y otras que están financiadas con subvenciones, partidas presupuestarias concretas o fondos europeos, y que tienen un expediente de cuyo incumplimiento "podrían derivarse responsabilidades contables e incluso penales", como una posible malversación impropia de fondos públicos.

2.000 millones

Los responsables de Ceacop transmitieron el pasado lunes a la fiscalía la "grave problemática" que atraviesan con "más de 2.000 millones de euros de impagos por parte de las Administraciones". Uno de los casos concretos que los gestores de Ceacop reseñaron ayer fue los impagos de la obra del Metro de Granada, cuyas certificaciones llevan sin ser pagadas desde octubre de 2010. Figueroa aseguró que los impagos están provocando la destrucción diaria de 280 empleos en el sector de la construcción en el primer trimestre del año, y que si los impagos se mantienen podrían destruirse otros 60.000 empleos a lo largo de 2011.

Ceacop va a comunicar a sus 350 empresas asociadas la posibilidad de demandar ante la Fiscalía los incumplimientos de los contratos de obras.

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