Universidad-empresa y concreción política
Estudiando el profesorado universitario de la Comunidad Valenciana, me sorprendió descubrir que precisamente quien veía a las empresas como fuente de conocimientos punteros, dudaba que relacionarse con ellas fuese beneficioso para la propia región. Más tarde pude constatar que, realmente, no existía contradicción: esa parte del profesorado contrata frecuentemente con empresas de otras regiones porque las valencianas carecen del nivel tecnológico necesario. Planteé esta cuestión en una mesa redonda con responsables de gestión universitaria y política científica valenciana, defensores de que las relaciones universidad-empresa contribuyen al desarrollo local. Se dijo que de todos modos y a largo plazo, los beneficios acabarían repercutiendo de una u otra forma sobre la región. Quedó pues la duda de en qué medida debieran trabajar las universidades con empresas de dentro o fuera de la región. Un discurso impreciso, que no único: la Comisión Europea aboga por la internacionalización de las relaciones añadiendo, eso sí, que las universidades deben ser relevantes para su región.
No se trata de atribuir toda la responsabilidad a la universidad. Tampoco las empresas valencianas citan a universidades vecinas entre sus fuentes del conocimiento. Cuando tienen ocasión de hacerlo, como al solicitar una patente, en el apartado donde se debe describir el estado del arte, o no hacen referencia a ninguna universidad o bien lo hacen a una universidad cualquiera, cuyos datos se han obtenido a partir de búsquedas internacionales de información, solo para justificar la novedad de la invención. En cambio, en otras regiones europeas, como la Isla de Francia, Lombardía, Estocolmo o el Londres interior, las invenciones patentadas citan a las universidades de su propia región, ya que las empresas se han apoyado realmente en ellas para obtener un descubrimiento. Otro ejemplo: mientras que las universidades y empresas valencianas casi nunca se asocian entre sí para presentar proyectos al Programa Marco de la Comunidad Europea, las de regiones como las citadas sí lo hacen, porque tienen intereses comunes. Ambos ejemplos se explican sobre la base de que en esas regiones el gasto en I+D es mayor en las empresas y ello facilita que se nivele lo que unas y otras pueden aportarse entre sí.
La evidencia sugiere que aumentar la I+D empresarial más rápido que la universitaria puede favorecer que las relaciones se refuercen intrarregionalmente. Con todo, eso hará crecer la proporción de relaciones locales, pero no necesariamente la cantidad total de relaciones. Para que, con carácter general, aumenten las relaciones universidad-empresa, hace falta conseguir otros dos objetivos intermedios. Primero, estimular la experiencia práctica en innovación en las empresas (aumentando la complejidad de las tareas a pie de planta, adaptando equipos, etc.); esto permitiría que las empresas percibieran, aun sin I+D propia, las ventajas del conocimiento universitario. Segundo, descubrir si las relaciones con universidades sirven para que los emprendedores tengan beneficios o se procuren autoempleo, pues estas son algunas de sus motivaciones para crear una empresa; y, hoy por hoy, la evidencia muestra que quien se conduce por ellas, no ve que relacionarse con universidades pueda ayudarles. Es así en el caso de las empresas valencianas de base tecnológica y creación reciente, entre las cuales solo las creadas por el profesorado generan relaciones con la universidad.
Los partidos no suelen hilar fino en sus declaraciones programáticas sobre I+D. Pero ante unas elecciones autonómicas cabría demandarles mayor concreción con respecto a las relaciones universidad-empresa y su dimensión regional. Aspirar a dirigir la política científica y la industrial debiera obligar a definirse mejor ante algunas cuestiones.
Joaquín María Azagra Caro es científico titular de INGENIO (CSIC-UPV).
