El alcalde de Arzúa apela al fiscal del Estado para poder presentarse

Ya solo la Fiscalía General del Estado, a instancias del fiscal Cándido Conde-Pumpido, puede permitir que el alcalde de Arzúa, el nacionalista Xaquín García Couso, opte a la reelección. Porque ayer el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite el recurso de amparo del BNG contra la decisión de la Junta Electoral de Santiago de declarar inelegible al regidor arzuano y solo cabe la intervención de la fiscalía en un plazo de tres días. "Lo emplazo a que actúe", expuso ayer el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, "para que un atentado contra la democracia como este, un auténtico escándalo, no avance".

Será el último episodio de una historia con dos partes. En la primera, el alcalde de Arzúa denunció un intento de soborno del entonces director de la radio municipal y ahora candidato del PP al Ayuntamiento, Armando Cascón. Ni este ni su partido aclararon más que la inexistencia de un documento firmado que acreditase la denuncia. Lo que sí existe es una grabación en la que Cascón ofrecía información favorable al regidor a cambio de "500 euros líquidos más al mes" y en la que exponía la política informativa de manipulación a favor del BNG que llevaría adelante de acceder García Couso a sus pretensiones económicas.

El PP de Arzúa acusa al Bloque de "intentar justificar lo injustificable"

La segunda parte comenzó cuando los populares impugnaron a García Couso ante la justicia rescatando de los cajones una sentencia no firme que lo condenaba a seis meses de inhabilitación por no ejecutar un derribo de una obra autorizada en 1993 por su antecesor en el cargo, Manuel Moscoso, del PP, y que este no demolió entre 1997 y 2003 pese a estar conminado por los tribunales. Con el nacionalista al mando del Ayuntamiento, el consistorio convocó dos veces un concurso para echar abajo el sexto piso de inmueble cuestionado, pero este quedó desierto. Un plan general aprobado por la Xunta acabó por legalizarla.

Para lograr la impugnación de García Couso, el PP no dudó en usar una reforma de la Ley Electoral, aprobada en enero en el Congreso con los votos de socialistas y populares y a instancias de UPyD, pensada para "aislar más a Batasuna". De hecho, el mismo preámbulo de la modificación de la norma, que califica de ineligibles a quienes tengan sentencias "aunque no sean firmes, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado", especifica que trata de evitar que "formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan [...] concurrir a futuros procesos electorales".

Pero ninguna de estas circunstancias ha pesado en la decisión de los populares arzuanos de intentar excluir a García Couso de la contienda electoral. Ayer el PP local emitió una nota en el que acusa al BNG de "intentar justificar lo injustificable, buscar excusas y levantar cortinas de humo". "Deben cumplir con la ley", dice la nota, "y acatar la declaración de inelegibilidad". Con el líder de los nacionalistas, Guillerme Vázquez, coincidió el abogado del alcalde de Arzúa, Carlos Hernández. "La decisión del Constitucional es decepcionante y preocupante", señaló a este periódico, "pero nada nuevo en un tribunal que ha bajado el nivel y perdido su independencia".