Xunta y fiscalía investigan las nuevas licencias urbanísticas de Gondomar

Lo de Gondomar lleva trazas de convertirse en historia interminable. La Xunta y la Fiscalía de Pontevedra investigan de nuevo la concesión de licencias urbanísticas, que informa un jurídico contratado, José Martínez Torea, después de que el alcalde tránsfuga, Martín Urgal, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, retiraran las competencias a ese efecto de la secretaria municipal y de una administrativa adscrita a Urbanismo.

La contratación de Torea, por 17.500 euros y un periodo de seis meses, y con informe desfavorable de la interventora municipal "debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable" se formalizó el pasado mes de febrero "en mérito a los relevantes dictámenes profesionales emitidos por el mismo en asuntos municipales de carácter urbanístico". El propio contrato justifica su tramitación en que, "por cuestiones de carga de trabajo pendientes en los servicios de Intervención y Urbanismo, debido, entre otros motivos, a bajas por enfermedad y traslados, se hace necesario reforzar el primero y, a la vez, resolver los expedientes pendientes en el segundo".

Los permisos son informados por un abogado contratado por seis meses

Tanto Urgal como De Lis retiraron las competencias a las dos funcionarias por su persistencia en emitir informes contrarios a la concesión de licencias urbanísticas basándose en las normas subsidiarias que el Gobierno de tránsfugas resucitó para sustituir, en una extraña tramitación que avaló el propio Torea, la ausencia de plan general en el municipio desde 2005. "A veces hay que echarle valor a la vida por el bien común", declaró Urgal a Faro de Vigo. "Para mí sería mucho más fácil dejarlo estar y no conceder permisos, pero es que con cada licencia colocamos a dos o tres albañiles y damos de comer a sus familias". De Lis se pronuncia en términos análogos, ya que la concesión de licencias supone "que al menos dos constructoras no echen a la calle a sus trabajadores y que varios negocios inicien su actividad". Ya han concedido así una treintena de licencias y esperan hacer lo propio con otras veinte.

Cabe recordar que Urgal y De Lis son propietarios, respectivamente, de un hotel rural en construcción, paralizada por su ilegalidad, y de una nave industrial con orden de demolición por el mismo motivo. Ahora, como cargos públicos, pretenden que sus criterios personales prevalezcan sobre el rigor normativo, que fija el dudoso Martínez Torea, defensor de vecinos del municipio acusados de ilegalidades urbanísticas e incluso, con más éxito, del exalcalde prevaricador, Carlos Silva, en un proceso por falsedad documental continuada en relación con cuestiones urbanísticas.

Frente a sus tesis, la Fiscalía de Pontevedra ha recabado la documentación sobre la primera licencia concedida y la Dirección Xeral de Administración Local, de la Consellería de Presidencia, que se le remitan en un plazo, ya vencido, de 15 días "los documentos y justificaciones que estimen pertinentes" sobre la retirada de funciones a las funcionarias.