Sindicatos y patronal se emplean en la última gran reforma laboral

El déficit público se atempera. La confianza en los mercados resiste los embates. Las exportaciones comienzan a sacar a la economía de la depresión. Son tímidas señales de mejoría que quedan sepultadas ante el insorportable dato de paro. Porque un año después de superar la temida barrera del 20%, la tasa de desempleo se mantiene como el único indicador relevante que, lejos de mejorar, ha empeorado en el último año. Este es el escenario que acoge hoy el Primero de Mayo, con el logro del diálogo social recompuesto pero con la frustación de que no haya servido para contener la sangría laboral.

Más allá de lo que ocurra en la calle, el nivel de confrontación en los despachos es ahora menor que hace unos meses. Sindicatos y patronal negocian, con más dificultades de lo deseable, una reforma de los convenios que el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha definido esta semana como "una auténtica revolución". Hipérboles al margen, lo cierto es que un cambio de calado en la negociación colectiva condiciona más la trayectoria del empleo que cualquier reforma laboral. Consciente de la importancia de un pacto en ese terreno, el Gobierno contiene su impaciencia y aguarda a que los agentes sociales cierren un acuerdo que debería regir ya desde finales de marzo.

Por encima de su incidencia en el mercado, la reforma de convenios tiene un gran valor simbólico. Se trata de la última bala que guarda el Gobierno para atajar las disfunciones del mercado de trabajo. El Ejecutivo ya ha agotado la vía ordinaria de la reforma laboral -aunque quedan por desarrollar asuntos clave como los expedientes de regulación y el fondo para despidos- y la extraordinaria del plan contra el empleo sumergido. A la espera de que estas medidas surtan algún efecto, la negociación colectiva es el único gran cambio laboral pendiente en la agenda del Gobierno, que tendrá que traducir a leyes lo que convengan empresarios y sindicatos.

"Es una reforma que permitirá desjudicializar los conflictos laborales", explica Ramón Górriz, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras. Es decir, que los desacuerdos entre empresas y trabajadores se diriman internamente -recurriendo, en última instancia, a un árbitro- en lugar de elevarlos a los tribunales. "Se necesita un cambio de cultura muy importante, tanto empresarial como sindical", admite Górriz. Tan profundo que las partes están encontrando verdaderas dificultades para redactar el documento. "Es fundamental alcanzar un acuerdo. Todo el ataque que se produce desde instancias europeas e internacionales se dirige a dinamitar una institución [la negociación colectiva] fundamental para el progreso del país. Pero el acuerdo tiene dificultad", matiza Toni Ferrer, número dos de UGT. La posibilidad o no de cerrarlo debería estar clara a mitad de la próxima semana.

La mediación externa se perfila como solución al intrincado debate sobre convenios que mantienen la patronal y los sindicatos. El objetivo es agilizar la toma de decisiones en el seno de la empresa para ajustarse a circunstancias adversas. En este punto, la patronal pide manos libres para aplicar cambios temporales y los sindicatos lo rechazan. Ahora se requiere un periodo de negociación que puede demorarse indefinidamente y, en la práctica, paralizar el proceso. Los cambios que se apliquen serán los primeros cruciales en un modelo de convenios forjado hace 30 años.

Sindicatos y patronal confían en que la negociación colectiva no corra la misma suerte que la reforma laboral. Hace justo un año, UGT y CC OO celebraban el Primero de Mayo inmersos en un diálogo tripartito para cerrar el pacto laboral. No fue posible y el Gobierno elaboró un decreto que desencadenó en septiembre la primera huelga general contra José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta ocasión, la responsabilidad de los sindicatos y CEOE es mucho mayor. Si fracasan no podrán culpar al Gobierno, que se sentirá con manos libres para aplicar la reforma de convenios comprometida ante Bruselas.