El Banco de España castiga a 38 exdirectivos de Cajasur por su gestión

Sanción de 2,4 millones a la cúpula de la caja, incluidos los candidatos de IU, PP y PSOE - La mayor multa es para el obispo auxiliar de Sevilla

La cúpula directiva de Cajasur desde 2005 ha sido sancionada por el Banco de España por las irregularidades detectadas en la gestión de esta entidad cordobesa, que fue intervenida por el supervisor en mayo de 2010 y luego vendida a BBK. En total, se imponen multas por valor de 2,4 millones a 38 exdirectivos de la extinta caja. La sanción más alta es para el último presidente, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, actual obispo auxiliar de Sevilla, al que el Banco de España inhabilita durante dos años y multa con 180.000 euros. Al anterior presidente, el también sacerdote Juan Moreno, el supervisor lo inhabilita un año y le sanciona con 50.000 euros. En el listado también figura otro destacado religioso: el actual obispo de Bilbao, Mario Iceta (30.000 euros).

El supervisor penaliza a los que rechazaron la fusión con Unicaja

Además, los candidatos de IU, PP y PSOE a la alcaldía de Córdoba también están expedientados al haber sido miembros del consejo de administración de la caja. Para José Antonio Nieto (PP), que ya había sido sancionado por el supervisor, se propone una multa de 18.000 euros. A Juan Pablo Durán (PSOE) se le imponen 44.000 euros y a Andrés Ocaña, candidato de IU y actual alcalde de la ciudad, 41.000.

El Banco de España ha decidido sancionar a los exdirectores generales Francisco Jurado (45.000 euros), José Francisco Ruiz (45.000) y Antonio Barral (36.000). Sin embargo, deja fuera del expediente a otros dos exdirectores generales de esta etapa, Carlos Senent y José Antonio Arcenegui. Se trata de los dos únicos responsables de la caja a los que el supervisor ha decidido archivar el expediente que se abrió tras la intervención.

El Banco de España considera que la cúpula directiva de la caja incurrió desde 2005 en cuatro infracciones: tres muy graves y una grave. Pero diferencia a la hora de sancionar a los que votaron a favor de la fusión con Unicaja y al consejero que se abstuvo, Miguel Contreras (PP), a los que solo multa por dos de las faltas, las que se refieren a las deficiencias en el control interno y a la concentración de riesgos con algunas empresas. Al grupo de consejeros que rechazaron la fusión con Unicaja -encabezado por Gómez Sierra y el resto de sacerdotes presentes en el consejo- les sanciona por las cuatro infracciones.

- Falta de control interno. Los 38 exdirectivos de Cajasur son sancionados por la inexistencia de políticas prudentes de financiación y de mecanismos de control interno para reducir la morosidad. Cajasur presentaba serias deficiencias en la transparencia y control de la gestión. Además, el supervisor considera que la entidad incurrió en una excesiva concentración de riesgos en la inversión inmobiliaria. El descontrol y la concentración del ladrillo se arrastraban desde finales del siglo pasado, cuando la caja estaba presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. Prueba de ello es que, a los directores generales más cercanos a la etapa de Castillejo, Jurado y Ruiz, se les imponen por esta infracción considerada "muy grave" mayores sanciones (45.000 euros a cada uno) que al último que ostentó este cargo, Antonio Barral (16.000). En los últimos años de existencia de Cajasur sus responsables intentaron reducir la inversión y los riesgos en el ladrillo, pero la crisis acentuó la caída de la entidad.

- Desobediencia al Banco de España. Para solventar los errores en la gestión y permitir que la entidad fuera viable, el supervisor pidió un plan de actuación a la caja. El plan pasaba por la fusión con Unicaja. Pero la noche del 21 de mayo de 2010 el consejo de administración de Cajasur rechazó la operación, lo que supuso el incumplimiento de las medidas exigidas por el Banco de España. El supervisor solo sanciona por esta infracción muy grave a los miembros del consejo que votaron en contra de la unión.

- Recursos propios. Al menos durante seis meses los recursos propios de la caja estuvieron por debajo del mínimo exigido. En diciembre de 2009, el coeficiente de solvencia de la caja era del 3,67%, cuando debería estar en el 8%. La entidad tenía seis meses para revertir esta situación y la solución pasaba también la fusión con Unicaja, que implicaba un aumento de los recursos para tapar el agujero de la cordobesa. El Banco de España no sanciona por esta infracción muy grave a los consejeros que votaron a favor de la unión.

- Concentración de riesgos. La entidad incumplía los límites de concentración fijados con algunos grupos empresariales como Sánchez Ramade o Prasa, que concentraban gran parte de su actividad en el sector inmobiliario. Todos los miembros del consejo de administración desde 2008 han sido sancionados por esta falta grave. Sin embargo, los consejeros que votaron a favor de la fusión no están de acuerdo con esta interpretación del Banco de España, ya que consideran que la fusión con Unicaja también hubiera solucionado este problema de concentración de riesgos.

Los sacerdotes expedientados y los representantes de partidos políticos anunciaron ayer que recurrirán sus multas, informa Manuel J. Albert. El actual alcalde, Andrés Ocaña (IU), afirmó que siempre cumplió profesionalmente su cometido.

Los 38 expedientados

- Santiago Gómez Sierra, presidente desde enero de 2007 hasta mayo de 2010. 180.000 euros de sanción y dos años de inhabilitación.

- Juan Moreno Gutiérrez, presidente desde julio de 2005 hasta enero de 2007. 50.000 euros y un año de inhabilitación.

- Salvador Blanco, vicepresidente. 78.000 euros.

- Luis Miguel Martín Rubio, vicepresidente. 30.000 euros.

- Juan Ojeda Sanz, vicepresidente tercero. 74.000 euros.

- Fernando Cruz-Conde, vicepresidente segundo. 142.000 euros.

- Alfredo Montes, vocal. 137.000 euros.

- José Leiva, vocal. 136.000 euros.

- Andrés Germán Hens, vocal. 56.000 euros.

- Julio Tomás Díaz, vocal. 135.000 euros.

- Juan Pablo Durán Sánchez, vocal. 64.000 euros.

- Amalia Fernández, vocal. 131.000 euros.

- Miguel Contreras, vocal. 49.000 euros.

- María de los Ángeles Delgado, vocal. 49.000 euros.

- Francisco Pulido, vocal. 51.000 euros.

- Francisco Martínez, vocal. 49.000 euros.

- Juan Arias, vocal. 48.000 euros.

- Emilio López, vocal. 41.000 euros.

- Andrés Ocaña, vocal. 41.000 euros.

- Mario Iceta, vocal. 30.000 euros.

- María José Lara, vocal. 26.000 euros.

- Álvaro Romero, vocal. 21.000 euros.

- Carmelo Salas, vocal. 20.000 euros.

- Francisco Cárdenas, vocal. 20.000 euros.

- Luis Martín, vocal. 20.000 euros.

- Manuel Jesús Aguilera, vocal. 20.000 euros.

- José Antonio Nieto, vocal. 18.000 euros.

- Manuel Pérez, vocal. 107.000 euros.

- María del Carmen Domínguez, vocal. 107.000 euros.

- Francisco Jesús Orozco, vocal. 98.000 euros.

- Joaquín Alberto Nieva, vocal. 92.000 euros.

- Encarnación Ortiz, vocal. 23.000 euros.

- José Luis Bergillos, vocal. 33.000 euros.

- Gerardo Muñoz, vocal. 90.000 euros.

- Luisa Ruiz Fernández, vocal. 20.000 euros.

- Francisco Jesús Jurado, director general. 45.000

euros.

- José Francisco Ruiz, director general. 45.000 euros.

- Antonio Barral, director general. 36.000 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de abril de 2011.

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